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¿Asfixiar la filantropía? IMPULSO/ Jesús Reyes Heroles La velocidad de las acciones del nuevo gobierno es tal que, con frecuencia, muchas pasan desapercibidas, a pesar de su trascendencia. Una excepción son dos notas de EL UNIVERSAL del 13 y 14 de mayo. Se refieren a la visión del presidente López Obrador y algunos de sus colaboradores acerca de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC’s), sobre las cuales AMLO ha expresado aversión. Desde su campaña expresó "le tengo mucha desconfianza a todo lo que llaman sociedad civil". Como presidente, ha reiterado su desconfianza, al afirmar que son instrumentos de los "ricos", que realizan labores sociales que, a su punto de vista, corresponden al gobierno, no a particulares. Consecuente con lo anterior, el gobierno ha iniciado diversas acciones para limitar las OSC, sin distingos o excepciones pues, como acostumbra generalizar, sitúa a todas esas organizaciones bajo la misma crítica: invasión de facultades del gobierno, y corrupción. A partir de esa actitud y visión, una vez más viola la ley, pues existe un amplio marco normativo e institucional acerca de las OSC’s. Primero, la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por OSC’s, la cual señala que las dependencias y entidades públicas fomentarán las actividades de las OSC’s, mediante apoyos y estímulos; promoverán su participación en los órganos, instrumentos y mecanismos de consulta; establecerán sistemas de información; concertarán y coordinarán las acciones; y darán acceso a incentivos fiscales, entre otras funciones. Eso dice la Ley. Segundo, existe y funciona el "Registro Federal de las OSC’s", donde se inscriben aquéllas que cumplan los requisitos establecidos. Tercero, por si eso no fuera suficiente, se mandata un "Informe anual de las acciones de fomento y de los apoyos y estímulos otorgados por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a OSC’s". El padrón total nacional de OSC’s asciende a 22,508. En su versión más reciente, dicho informe detalló que, en 2018, recibieron apoyos 2,656 organizaciones. En eso se erogaron 6,600 millones de pesos, en promedio, 2.5 millones por organización. En febrero, AMLO dispuso suspender la transferencia de recursos públicos a las OSC’s, como si pretendiera extinguir la filantropía, o sea, la "ayuda desinteresada a los demás". Todo este asunto tiene connotaciones ideológicas relevantes. En primer lugar, una política de "no apoyo" gubernamental (fomento) a las OSC’s acota el espacio de la actividad filantrópica de los particulares a cambio, en principio, de una mayor intervención del gobierno. Esto supone que éste tiene recursos y capacidades suficientes para prescindir de los esfuerzos y aportaciones de los particulares, lo que no aplica en México debido a su precariedad fiscal. En la reflexión global sobre la filantropía, se debate también si los ciudadanos pueden determinar, hasta por cierto monto de sus impuestos, el destino al que desean canalizar esos recursos. Por qué aportarlos a la "bolsa general" del erario, lo que deja al gobierno determinar qué se apoya y qué no, cuando los ciudadanos pueden tener preferencias específicas distintas (combatir el cáncer, el SIDA, la pobreza extrema, etc.). Además, se reconoce que existen ciertas actividades de apoyo a la población más vulnerable que el gobierno no puede realizar, o lo hacen a un costo superior y con menor eficacia que si lo hacen OSC’s, más cercanas a las comunidades y sus problemas. La amplitud de la crisis detonada por la nueva política establecida por AMLO es la prueba contundente de las múltiples actividades en que OSC’s concurren para complementar las políticas públicas de bienestar. Eso no quiere decir que no haya, en algunos casos, yuxtaposición con actividades que correspondería realizar al gobierno, tampoco que no incidan intereses no justificables, ni que no haya corrupción en un subconjunto de esas organizaciones. De nuevo, al no hacer diferenciaciones, y adoptar disposiciones generales como remedio para casos específicos, muchos mexicanos resultan afectados sin necesidad. Debe lamentarse que las propias OSC’s no hayan desarrollado un sistema de auto-regulación para evitar esas deficiencias. La política del gobierno hacia las OSC’s es un asunto de la mayor trascendencia y significado. AMLO ha advertido que considera incluso eliminar el mecanismo que permite que las OSC’s expidan recibos deducibles de impuestos. ¿Es posible asfixiar a la filantropía?

Alcances del plan de Pemex

25 de julio, 2019

IMPULSO/ Jesús Reyes Heroles G.G.
La presentación del Plan de Negocios de Pemex es de gran relevancia. La crisis operativa y financiera por la que atraviesa la empresa es lamentable. Es evidente la centralidad de la situación de Pemex para las finanzas públicas y, en consecuencia, para el futuro económico del país. La fragilidad de la petrolera representa un elemento crítico de la precariedad fiscal, y ésta, a su vez, el obstáculo esencial para alcanzar un crecimiento aceptable.
Tampoco hay duda de que la administración de Enrique Peña Nieto prácticamente destruyó Pemex. El juicio histórico será muy severo con quienes lo hicieron. De ahí que tenga razón el presidente López Obrador al señalar que su administración heredó un Pemex en desastre. Como se ha señalado aquí, dada la funesta gestión de Pemex durante la administración anterior, resulta razonable que AMLO plantee su fortalecimiento, pasando por su rescate, si eso es aún posible.
El plan sintetiza la visión y estrategias de esta administración para lograrlo. El diagnóstico es razonable, si bien su visión global es muy limitada. La estrategia ordena las acciones que se propone llevar a cabo Pemex a partir de 11 objetivos estratégicos y 35 estrategias. Sin embargo, con los elementos que proporciona es imposible establecer la efectividad de dichas acciones.
Primero, la estrategia se centra en aumentar la producción de hidrocarburos tan rápido como sea posible; la correspondiente a crudo es más puntual que la de gas natural. México importa hoy, 5.4 miles de millones pies cúbicos diarios (bcfs), que representan 67.5% del consumo de ese vital energético.
Para crudo cabe distinguir dos horizontes. En lo inmediato, Pemex plantea que sus acciones en 22 campos prioritarios serán capaces de detener la disminución de la producción: de éstos estiman producir cerca de 200 mil barriles diarios (mbd) en 2020 y 318 mbd en 2021. Como la declinación de la producción de los campos actuales será del orden de 185 mbd por año, los campos prioritarios contendrán la disminución. Sin embargo, una recuperación de la producción será evidente hasta 2021, mala noticia para las finanzas de Pemex y del país.
Segundo, en refinación acertadamente se plantea invertir en la rehabilitación (mantenimiento rezagado) de las seis refinerías existentes. La efectividad de esta actividad dependerá de la velocidad y eficiencia de los trabajos correspondientes. Como resultado, mejorará el uso de capacidad de refinación y, en consecuencia, la elaboración de gasolinas y diésel; ojalá Pemex logre ese objetivo. En contraste, las reconfiguraciones se limitan a la refinería de Tula, sin intervenciones para Salamanca y Salina Cruz, lo que difiere de lo planteado en el Plan de Nación.
Dos Bocas perdura como prioridad; estiman que contribuirá con 14 mbd de gasolinas y 10 mbd de diésel en 2022, y con 162 mbd y 118 mbd, respectivamente, en 2023. Como resultado de todas esas acciones, la aspiración es reducir las importaciones de gasolinas de 71% del consumo hoy, a 30% en 2024. Muchas cosas tendrán que suceder para lograr ese resultado.
Tercero, para apoyar lo anterior, el gobierno federal reducirá los impuestos (DUC) a Pemex en 2020 y 2021 y le hará aportaciones de capital en 2020-2022. En total, esos recursos suman 14,000 mdd, que son insuficientes para catapultar a Pemex a otro nivel de actividad. Se proyecta que el presupuesto anual de operación de Pemex para 2019-2021 será 9,516.2 mdd, y 10,841 mdd para 2022-2024. Esos montos son inferiores a los de periodos anteriores, por ejemplo, 11,178 mdd para 2007-2012. Lo mismo sucede con la inversión, que se proyecta en 16,134 mdd para 2019-2021 y 18,479 mdd para 2022-2024, que incluye 8,286 mdd para Dos Bocas, en comparación con 15,813 mdd en 2007-2012, de nuevo, montos inferiores.
Lamentablemente, los apoyos del Gobierno Federal para Pemex no son suficientes para lograr las metas definidas en el plan, y los mercados financieros así lo perciben.