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Alcaldías cerrarán con déficit fiscal

IMPULSO/ Adrián Mendoza
Toluca

Esto derivado del sobreendeudamiento, laudos por sueldos caídos y otras cargas fiscales que los mantienen en números rojos.

La mayoría de los ayuntamientos en el Estado de México podrían cerrar en 2018 con un importante y complicado déficit fiscal, opina Victorino Barrios Dávalos, contralor del Poder Legislativo estatal.

“Derivado del sobreendeudamiento, laudos de salarios caídos y cargas fiscales varias, los ayuntamientos continúan reflejando su incapacidad recaudatoria y su mal ejercicio del gasto púbico”, señaló el Contralor. También dijo que es comprensible que los ayuntamientos tengan esas cargas y a sus acreedores encima, pero reconoció que sí hay responsabilidad de los servidores públicos de los municipios e incluso al interior del Congreso local porque es el poder que avala los créditos para los municipios.

Expuso que los ayuntamientos terminarán sus ejercicios constitucionales con grandes deudas y la Legislatura tendrá que reconocer su responsabilidad al autorizarles esos contratos de crédito.

“A veces, por acuerdo entre partidos políticos, se autorizan esos montos que ya están afectando a diversos municipios, justamente los más grandes son los más endeudados y en los más grandes también han gobernado los tres partidos más grandes”, explicó el sempiterno Contralor.

Barrios Dávalos también destacó que, si los ayuntamientos futuros van a buscar las reestructuraciones de sus deudas, puede ser que se hagan a una mejor tasa de interés, ello podría ser benéfico para ellos porque las tasas referenciales se ajustarían a la capacidad de pago que tienen estas demarcaciones.

El Contralor del Poder Legislativo afirmó que la deuda no es mala simplemente por el hecho de ser un préstamo, sin embargo, hay plazos de pago y lo más importante son los intereses y su referente porque hay instituciones financieras amables y con tasas bajas.

Concluyó diciendo que si las administraciones del 2012-2015 fueron las que cargaron ese gasto, la ley establece un plazo de siete años para poder fincar responsabilidades a los ex servidores públicos por causar daño a la hacienda pública municipal.

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