IMPULSO/Alberto Aziz Nassif
¿Los recientes casos de Tomás Yarrington y Javier Duarte son una confirmación a la regla de la impunidad o una excepción en el combate a la corrupción? Cuando los resultados de las políticas públicas no llevan a un cambio, cuando seguimos igual que siempre, cuando los intereses mantienen el estado de cosas, lo que se hace es administrar los problemas, no resolverlos. Eso pasa con la pobreza, que en los últimos 20 años se mantiene en los mismos rangos, con la desigualdad que no se modifica y cada día concentra más el ingreso, y con la corrupción y la impunidad que ya se han vuelto sistémicas. Los casos más llamativos y más extremos de corrupción son los ex gobernadores delincuentes que ya se han vuelto un thriller político, pero están muy lejos de ser castigados por la justicia y de reparar el daño causado en sus estados.
Cuando vemos lo que hacen otros países para combatir la corrupción, el contraste con México resulta abismal. El manto de impunidad, que algunos han llamado pacto, cubre a una clase política que se reproduce sin rendir cuentas. Desde que estos dos ex gobernadores fueron detenidos, gracias a la policía de otros países, Italia y Guatemala, se ha hecho más evidente el contraste entre administrar la corrupción y combatirla. Guatemala pudo, con ayuda internacional, sentenciar a dos de sus presidentes. Brasil ha encarcelado a altos funcionarios, legisladores y empresarios de primer nivel por la operación Lava Jato. En México, en cambio, seguimos en el viejo sistema de que caen en desgracia los que abusan demasiado y pierden elecciones, como le sucede a los Duarte en Veracruz y en Chihuahua, pero no le pasó a Humberto Moreira en Coahuila, que ya fue exonerado por la justicia.
La foto de la toma de posesión de Peña Nieto, rodeado de un grupo de gobernadores, integrantes de la llamada “generación podrida”, es para un estudio de la impunidad que abunda en el país. La mayoría han sido denunciados, otros tienen orden de aprehensión, y algunos más andan prófugos como César Duarte (Chihuahua); en la cárcel están Andrés Granier (PRI) y Guillermo Padrés (PAN) que se entregó a la autoridad. Esta foto se ha vuelto viral en las redes sociales y le han hecho diversas composiciones, entre las mejores está la que hizo la organización Ahora, que les puso colores de acuerdo a su condición (rojo para los detenidos, amarillo para los procesados, verde para los que tienen orden de aprehensión y azul para los que han sido denunciados) y la pregunta del Twitter es: ¿de qué color terminará Peña Nieto?
El modelo que desplegó la empresa constructora brasileña Odebrecht, que pagó millones de dólares para corromper a gobiernos en muchos países de América Latina, incluido México, sirve para contrastar cómo se aplica la justicia aquí y en Brasil. El mismo esquema se reproduce y multiplica con otras corporaciones, como sucede con la empresa OHL.
@AzizNassif
