IMPULSO/Fernando Díaz Naranjo
Artículo
Nuestro sistema democrático, consagrado tanto en la Constitución como en diversas leyes secundarias, es la columna vertebral que da fundamento a nuestra nación. A través de este sistema se determinan las reglas de la competencia electoral, de transparencia, de rendición de cuentas, de participación y de la ruta a seguir en caso de que se presenten controversias. Además, establece la estructura, los derechos y obligaciones del gobierno, de las instituciones y, por supuesto, de los ciudadanos.
Es justamente a través de nuestra normativa democrática que se sientan las bases de equilibrio y convivencia de nuestro país. Es así como Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia de la República, es decir, participando a través de reglas previamente establecidas bajo un sistema electoral diseñado para que las instituciones electorales administrativas y jurisdiccionales llevaran a cabo una elección sin precedentes.
El resultado, basado en dichas reglas jurídicas, le dio el triunfo a López Obrador por un amplio margen que le ha dado una credibilidad obtenida a pulso; la ciudadanía emitió su veredicto y esto defendió las instituciones que actuaron conforme a la Ley.
Asimismo, este contundente triunfo de López Obrador le dio a la gente la esperanza de que puedan llevarse a cabo, en un corto y mediano plazo, diversas acciones que se reflejen tangiblemente en beneficio de la población.
En razón de lo anterior, llama mucho la atención el ejercicio “consultivo” llevado a cabo en días pasados para definir el futuro del Aeropuerto en Texcoco.
De entrada, la realización de dicha consulta se llevó a cabo fuera de un marco legal, por lo que carecería de sustento e, inclusive, de cualquier efecto jurídico y vinculante al respecto, ya que, entre otros aspectos, López Obrador es hoy presidente electo, no presidente constitucional, así que estas acciones, bajo la regulación legislativa respectiva, podría realizarla hasta que entre en funciones. En todo caso y si la Ley no le convence, por ejemplo, la Ley Federal de Consulta Popular que establece los requisitos para llevar a cabo una consulta, podría proponer en su oportunidad los cambios que considere necesarios.
Así, un ejercicio como el llevado a cabo, independientemente de los factores económicos que ya estamos presenciando, genera una serie de acciones que van, inclusive, en contraposición no sólo de la legislación, sino de esa legitimidad ganada apenas en julio pasado.
Que se haya llevado a cabo un ejercicio consultivo fuera de la Ley vulnera nuestra Constitución y las leyes que de ella emanan y me parece que lo dictado por la ciudadanía en las urnas, en razón de las promesas de campaña de López Obrador, fue el respeto la ley, en tanto se revisan, se adecuan, o de plano se integran nuevas normativas.
También resulta en una falta de respeto a la actual administración que, independientemente de lo mal que lo han hecho, la ley aún les da facultades de gobierno por lo que resta de su administración.
Sin duda, será interesante conocer las mediciones que en su oportunidad hagan las empresas encuestadoras sobre la eficiencia de la administración gubernamental, de la evaluación del presidente de la República, así como de otras instancias. Esto seguramente servirá para dos aspectos fundamentales; por un lado, para que el propio gobierno, ya en funciones, conozca el sentir de la población, pero, por el otro, para que se conozca la opinión mayoritaria de la gente.
A las y los mexicanos nos conviene que el próximo gobierno haga bien las cosas, México lo necesita, así que deseamos que las acciones de gobierno estén orientadas al beneficio de la población y que, en su caso, las decisiones importantes que busquen consultar la opinión de la ciudadanía, se lleven a cabo de acuerdo a la ruta legal correspondiente.
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