IMPULSO/ Patricia López Vences
Toluca
El sector público de salud no cumple con la aplicación del artículo 251 del Código de Procedimientos Penales en el Estado de México y la Norma Oficial Mexicana de Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres (046), la cual reconoce el derecho de una mujer a abortar en caso de violación y que esté en riesgo su salud o hayan malformaciones congénitas del producto, por lo que más de 30 mil mujeres tienen que recurrir a la Ciudad de México a practicarse un aborto, pues las clínicas mexiquenses se niegan a interrumpir el aborto cuando hay violación y malformaciones congénitas, entre otras causas que justifican este procedimiento plasmado en la ley.
Lo anterior fue advertido por Esperanza Arias, dirigente estatal de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (DDESER), al lamentar que un promedio de 52.6% mujeres que determinan interrumpir su embarazo por las causas arriba mencionadas, además de que ponen en riesgo su vida, no son atendidas en territorio mexiquense, no se trata de determinar un aborto por un acto irresponsable, sino por condiciones de salud.
Al lamentar que diariamente se encuentran en riesgo cientos de mujeres por esta causa, pidió a las autoridades del sector público de salud reconsiderar la condición de las pacientes que fueron violadas o que se ha comprobado que sus fetos tienen riesgos de enfermedades congénitas.
El Código de Procedimientos Penales en el Estado de México refiere en el artículo 251 la autorización para realizar un aborto causado por violación, malformaciones congénitas y riesgo de vida de la mujer, pero el sector salud no cumple el con dicha disposición.
Datos recabados por DDESER revelaron que la mayoría de las mujeres que toman la decisión de interrumpir su embarazo es a causa del delito de violación, que en la entidad mexiquense sigue en aumento.
Las cifras que son registradas por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, así como del Grupo de Información y Reproducción Elegida (GIRE), precisan que la mayoría de estas mujeres que quieren interrumpir el embarazo son de escasos recursos, el 41% cuenta con educación básica y un 30% son estudiantes.
Aún no hay cifras oficiales sobre abortos clandestinos, aunque GIRE estima 159 mil, cifra obtenida en el 2009.
Al revelar casos de jóvenes violadas como el de una niña de 13 años en Nezahualcóyotl, víctima de su propio padre, al acudir ésta al centro de salud respectivo, ni siquiera recibió antivirales o la pastilla de un día después, por lo que quedó embarazada, sólo recibió como recomendación que diera en adopción. Actualmente, tiene que trabajar duro de lo que sea para mantener a su hijo.
Otro ejemplo es el de una mujer de 32 años de Chalco a quien obligan a proceder con su embarazo aún cuando ella tenía cáncer, así que las radiaciones y su mal estado de salud provocaron un paro cardiaco, perdiendo la vida ella y su producto.
En Toluca, una joven de 18 años que fue violada en el transporte no recibe atención porque ya tiene 12 semanas de gestación, además de que ella sufre de gastritis y toma medicamentos fuertes, provocándose un aborto espontáneo. Los médicos la fichan y le dicen que hizo un crimen, cuando desde un inicio ellos no le brindaron la ayuda que solicitaba.
Aunque la Norman Oficial Mexicana 046 garantiza los derechos de las mujeres a ser atendidas para proporcionales la anticoncepción de emergencia y, en caso de embarazo por violación, la interrupción sin realizar ninguna denuncia, ésta no se cumple.
Con la intención de promover el respeto al derecho que tiene ese sector social víctima del delito, DDESER ha creado el capítulo Estado de México para estar en permanente coordinación y apoyar a quienes requieren interrumpir su embarazo.
