IMPULSO/
César Astudillo
Desde hace 40 años, se ha producido una constante inversión institucional para cambiar el rostro de nuestra realidad político-electoral, hemos dotado de grandes cantidades de dinero a partidos políticos, instituciones y procesos electorales con la convicción de que ninguna democracia es gratuita ni barata, y que, si en algo vale la pena invertir, es en “democracia”.
Sucede que, guiados bajo esta lógica, hemos cometido excesos que hoy son cada día más cuestionados porque contrastan con nuestra lastimosa realidad económica y social. En efecto, para que los partidos pudieran fortalecerse frente al PRI, desde 1977, comenzó una escalada de apoyos, conocidos hoy como prerrogativas que comprometían a nuestro país a entregar recursos económicos a los partidos para sus gastos comunes y para que, en año de elecciones, invirtieran en sus campañas.
Los recursos sentaron tan bien y fueron progresivamente tan abundantes que a los propios partidos y sus legisladores se les ocurrió perpetuar ese privilegio, y no encontraron mejor manera de hacerlo que llevando dicha bonanza al interior de la Constitución. Así, desde 1996, se introdujeron en ella las fórmulas para determinar la bolsa de dinero a repartir entre los partidos anualmente y para cada elección. La generosidad de los políticos hacía sus partidos, tuvo su clímax en 2014 al estandarizar esa fórmula y hacerla obligatoria para todo el país. Desde entonces, la bolsa de dinero es la resultante de multiplicar el padrón electoral (hoy con más de 87 millones de mexicanos) por 65% del salario mínimo diario, desde 2016 llamado UMA.
Las matemáticas hechas por el INE, al que sólo se le permite hacer multiplicaciones y divisiones, señalan que, para 2018, los partidos se repartirán seis mil 788 millones de pesos de financiamiento ordinario y de campaña en las elecciones federales. Pero dado que cuando hay bonanza hay que aprovecharla y extenderla, una cantidad cercana a los cinco mil millones se les entregará adicionalmente en los estados para los comicios locales.
El presupuesto de las instituciones ha tenido una ruta diferente. En ningún momento se garantizó un porcentaje del PIB al gasto del IFE-INE, pero sí se les permitió presentar sus propios presupuestos y negociarlos directamente con la Cámara de Diputados. El proyecto de presupuesto del INE para 2018, que asciende a 18 mil 226 millones, representa 0.35% del Presupuesto de Egresos de la Federación, y es el promedio gastado en 2000, 2006 y 2012, a pesar de que hoy sus atribuciones se han incrementado sustancialmente.
En 1990, cuando el Tribunal Electoral era autónomo, presentaba su presupuesto directamente. Al subordinarse al Poder Judicial de la Federación en 1996, debe remitirlo al presidente de la Suprema Corte para su inclusión en el presupuesto integral de ese Poder. En este año, el TEPJF está ejerciendo la suma de tres mil 125 millones.
La bonanza de los partidos y la holgura con la que INE y TEPJF afrontan las elecciones y sus controversias contrastan con el presupuesto asignado a la que hoy en día representa la pieza más débil de nuestra arquitectura electoral, la FEPADE, que fue creada en 1994 con la función de castigar los delitos que vulneren la libertad con la que los mexicanos acudimos a votar.
