IMPULSO/María Del Carmen Alanis Figueroa
Articulo
El pasado 17 de octubre se conmemoró el 65 aniversario del reconocimiento del voto femenino en México. Europa fue pionero, Finlandia fue el primer país en reconocer este derecho y acudir a las urnas el mismo año (1907). A paso lento lo fueron haciendo los demás países, 47 años después, México reconoció el derecho al sufragio activo y pasivo de la mujer.
En la XLII Legislatura (1952-1955) de la Cámara de Diputados exclusivamente hubo una mujer legisladora, es decir, 0.2%. En el Senado fue una década después, hasta 1964, cuando fueron electas dos senadoras, que representaban 1.5% del total de la Cámara. En la SCJN la primera mujer ministra fue designada en 1961 (María Cristina Salmorán) y la primera gobernadora, en 1979.
Los anteriores datos nos demuestran que no es suficiente el reconocimiento formal en la Constitución y en la ley de un derecho. Son necesarias las medidas y los cambios estructurales para su materialización. Han pasado 65 años. Transitamos del reconocimiento formal, a la obligación semántica e indicativa a los partidos; posteriormente, de las cuotas de 30% y 40%, a la paridad en el registro de candidaturas.
Por fin se alcanzó la paridad en la conformación del Senado (el 49.21% son mujeres), y en la Cámara de Diputados (el 48.2% de mujeres).
Pese al crecimiento de la representación de las mujeres en los congresos o parlamentos, de los 193 países de la ONU, sólo en 53 alguna mujer preside un órgano legislativo. Las mujeres ocupan el 19% del total de 279 puestos en el mundo.
Actualmente, en nuestro Congreso federal, ambas Cámaras son presididas por hombres. En las coordinaciones de grupos parlamentarios de ambos órganos legislativos sólo hay una mujer (PES-Diputados). En las Comisiones, la desigualdad continúa, no se respetó la paridad y se adjudicaron 57% de las presidencias a varones.
El mayor rezago está en el ámbito subnacional. Pese a que, de confirmarse el resultado en Puebla tendremos por primera vez tres gobernadoras ejerciendo al mismo tiempo (Ciudad de México, Sonora y Puebla) esta cifra representa sólo 9% del total de entidades federativas en el país. Respecto a las entidades con elección de Presidencias Municipales en 2018 (25) el porcentaje de presidentas municipales se incrementó a 27.2%; aumentando en trece puntos porcentuales. No obstante, es una cifra alejada de la paridad.
Otro dato positivo: en las elecciones de este año, en los 27 Congresos que se renovaron, se alcanzó el 48.7% de mujeres, siete puntos porcentuales más que en el pasado.
Hace unos días, la senadora Malú Micher, presidenta de la Comisión de Igualdad de la Cámara Alta, presentó una iniciativa de reformas constitucionales que contemplan la paridad en los órganos colegiados públicos de los tres Poderes de la Unión y en los tres niveles de gobierno, así como en los órganos autónomos constitucionales. Dicha propuesta contempla varias medidas afirmativas, que desafortunadamente son necesarias, tales como la paridad en sus vertientes horizontal y vertical en la conformación de los órganos municipales. Además, cuando el número de integrantes de un órgano colegiado sea impar, se privilegiaría una mayor presencia de mujeres.
El nuevo reto, sin duda, es eliminar la resistencia a que las mujeres ejerzan los cargos para las que son electas. Diciéndolo claro, la violencia política en razón de género. Es increíble que en pleno 2018 existan conductas intimidatorias, amenazas, violencia para que las mujeres no accedan a los espacios de toma de decisión, aun cuando fueron electas democráticamente.
La sociedad mexicana y sus políticos deben hacerse a la idea de los que derechos no sólo se reconocen, sino que se ejercen. Guste o no, las mujeres llegamos para ocupar paritariamente los espacios públicos y privados.
