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Parte de la primera generación Afore no alcanzará pensión en 2020

IMPULSO/ Edición Web
Ciudad de México
Casi la mitad de los 11 millones de trabajadores formales que comenzaron a cotizar en el IMSS bajo la Ley de Seguridad Social aprobada en 1997 con la que se crearon las administradoras de fondos para el retiro (afores) no podrán jubilarse con una pensión “suficiente” en 2021 ó 2022, fechas previstas para que saliera la primera generación de retirados con dicho régimen, advirtió Carlos Lozano Nathal, presidente del Colegio Nacional de Actuarios (Conac).

A la fecha existen 18 millones de personas que cotizan en el IMSS, de los cuales más de 6 millones pertenecen al antiguo esquema de pensiones de la ley de 1973 y los restantes casi 12 millones se rigen por la ley de 1997.

De éstos últimos, unos 5 millones de trabajadores no van a recibir ninguna pensión ya que por las características del mercado laboral en México, donde la gente tiene varios trabajos a lo largo de su vida, con periodos en los que no aportan nada , además que con frecuencia transitan de un empleo formal a otro informal, no podrán acumular las mil 250 semanas de cotización o 24 años continuos de trabajo que exige la ley para jubilarse, explicó el especialista.

“Las afores comenzaron en 1997, entonces estamos hablando que 24 años después, es decir en 2021 o 2022 comenzarán a darse las pensiones de ese régimen, pero la mitad no va a cumplir con el requisito para obtenerla. En el momento que esos trabajadores tengan 65 años no habrán cumplido con las mil 250 semanas de cotización, que son aproximadamente 24 años de trabajo, entonces se van a tener que esperar y trabajar más para obtener la pensión”, indicó.

Destaca el caso de los jóvenes milleniam, quienes saltan de un trabajo a otro y duran muy poco tiempo en cada uno, sin que consideren siquiera comenzar a hacer aportaciones voluntarias para su pensión. Esa cifra de 5 millones de trabajadores formales que no alcanzarán pensión formal con las afores se eleva al incluir a los casi 30 millones de personas que trabajan en la informalidad y que están excluida de cualquier sistema de pensión.

El especialista recordó que el Colegio Nacional de Actuarios y la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores (Amac) han planteado “soluciones solidarias” para cubrir ese déficit de trabajadores que no alcanzarán una pensión suficiente para vivir, incluido un sistema de micropensiones con un fondo mutuo integrado por una parte solidaria y otra individual.

El modelo ya fue puesto en marcha en México con 27 microempresas y cajas de ahorro de varios estados del sur del país y en conjunto abarca mil personas, pero también se lanzaron proyectos pilotos en Centroamérica.

Otra propuesta de los actuarios para incrementar el monto de las pensiones de los trabajadores formales es que en lugar de que se lleve a cabo una reforma legal para obligar a las empresas a incrementar las aportaciones para las afores, es que cada compañía cuente con plan privado de pensiones, lo cual ya está contemplado en la ley y grandes corporativos lo pusieron en marcha desde los setenta.

Cada empresa debe establecer el monto de aportaciones para ese plan privado de pensiones, que será complementario al de las afores, señaló Carlos Lozano en una conferencia donde anunció la realización de un seminario sobre retiro y salud que el Conac y la Amac realizarán el 24 y 25 de abril de 2017 en el hotel Hyatt, en Polanco.

Aclaró que aunque de cada empresa debe evaluar y decidir que plan de pensiones adopta, de acuerdo a sus necesidades, trabajadores y costos, además de que puede ser solidario, de beneficios definidos o híbrido, según le convenga, debe contarse con una regulación que las obligue a tenerlas para que en caso de que no cuenten con él las autoridades puedan multarlas o incluso clausurarlas.

Recordó que en la ley ya existe la posibilidad de que las empresas cuenten con su plan particular de pensiones y en conjunta aportan medio billón de pesos, cifra que equivale al 5.3 por ciento de los 8.5 billones de pesos que acumulan las afores.

Si bien admitió que a raíz de que el gobierno federal redujo la deducibilidad fiscal que se les concedía a dichas empresas por tales planes de pensiones una muestra “que no es aleatoria” de aproximadamente de 70 empresas que equivalen al 10 por ciento de todas las que contaban con ese sistema “congelaron” o “suspendieron” las aportaciones a las pensiones de sus trabajadores, pero sin que ello signifique que cancelaron dichos planes.

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