IMPULSO/ Edición Web
Toluca
El comisario Igor Romario de Paula, de la Policía Federal de Brasil y comandante de la operación anticorrupción Lava Jato, anunció hoy que una posible detención del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva puede ocurrir dentro de los próximos 30 o 60 días.
En diálogo con el portal de noticias UOL, De Paula negó que los investigadores hayan perdido el “timing para detener al ex presidente Lula”, como lo había dicho a la revista Veja la semana pasada el comisario Mauricio Grillo, también de la Policía Federal. “No creo que hayamos perdido el timing (para detener a Lula). Este timing puede ser en 30 días, 60 días. La investigación sobre Lula es muy amplia”, reveló Romario de Paula.
Lula se encuentra procesado en cinco causas vinculadas a la Operación Lava Jato, dos de ellas a cargo del juez Sergio Moro, en la ciudad de Curitiba, que acogió la denuncia de la fiscalía que investiga si recibió ventajas indebidas de las empresas OAS y Odebrecht.
Igor Romario de Paula, un abierto crítico de Lula, en 2014 hizo campaña en las redes sociales a favor del candidato Aecio Neves, derrotado por la entonces presidente Dilma Rousseff en las elecciones generales.
El ex presidente, favorito en las encuestas para 2018, acusa al juez Sergio Moro, a los fiscales y a los comisarios de llevar adelante el “lawfare”, es decir, aprovechar la estructura jurídica del Estado para perseguirlo políticamente.
Tras publicarse estas declaraciones el abogado de Lula, Cristiano Martins, anunció que denunciará al comisario ante la Justicia porque la forma en que habla de Lula es “incompatible” con el Código de Ética de la Policía Federal y con la protección al honor, la imagen y la reputación a la que tienen derecho todos los ciudadanos
“Al renovar la hipotética privación de libertad del ex presidente sobre el enfoque del ‘timing’ o sentido de oportunidad el comisario federal Igor Rodrigo de Paula deja ver la naturaleza eminentemente política de la operación en lo referente a Lula”, dice el abogado.
En su opinión hay juicios previos, parcialidad, filtraciones y comportamientos que “violan la ética y la conducta profesional por parte de diversas autoridades envueltas en las investigaciones y procesos referentes al ex presidente”.
