IMPULSO/ Agencia SUN
Ciudad de México
La cultura como política de Estado fue uno de los temas nodales en la tercera sesión del Consejo Redactor para la elaboración de la iniciativa de Ley de Cultura que convocó la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados.
Los consejeros, acompañados por la diputada Cristina Gaytán, y de nueva cuenta sin presencia de los medios de comunicación, acordaron este martes una estructura general hacia el capitulado de la iniciativa que, como se había concluido una semana atrás, será una ley sobre los derechos culturales.
En representación del consejo, la antropóloga Lucina Jiménez explicó al término del encuentro que en la definición de esta estructura se enfatizaron asuntos como el espíritu de la ley, su objeto y el sentido que tendrá. Detalló que, por una parte, la legislación marcará la política cultural como una política de Estado y, por otra, expresará las formas como podrá “recoger, visibilizar, sistematizar y ordenar el enfoque de derechos culturales” que serán énfasis de esta nueva ley.
Refirió que el grupo acordó que una política cultural de Estado se basará en un enfoque de desarrollo cultural sostenible que contribuya a su vez al desarrollo en un sentido transversal: “Si bien existe un órgano rector, que es la Secretaría de Cultura, (se trata de) que se tengan las articulaciones necesarias con otros sectores, como medio ambiente, economía, etc. porque dentro de la consideración de la política cultural de Estado estamos tomando un elemento que tiene que con la sostenibilidad tanto del sector como de la vida cultural”.
Comentó que el articulado permitirá el sentido de concurrencia de las facultades que tienen los estados, los municipios y la federación. Jiménez, directora de Conarte, detalló aquí que será muy importante la manera como federación, estados y municipios concurrirán para que, en la definición de la política cultural —si bien tienen autonomía de acuerdo con la Constitución— sí estén normados todos por la visión que señale la ley.
“La ley tiene que ser responsable en no invadir los ámbitos y facultades ya legislados. Tiene que ser una ley vinculante, pero no invasiva de otros ámbitos de legislación. Le corresponde hacer el tutelaje de los derechos culturales”.
Lo que sigue, explicó será la redacción del primer título que tiene como propósito explicitar el espíritu, filosofía, bases constitucionales en las que se finca y definiciones de conceptos como desarrollo humano sostenible, diversidad cultural sustentabilidad —”para no confundirlo con rentabilización, acotó Jiménez—, emprendimientos y derechos culturales.
En este tema, el grupo definió que no se harán referencias a una única dimensión empresarial de la cultura sino “a reconocer todas las formas de organización que puedan implicar lo cultural, cerrando a la puerta a cualquier posibilidad de que hablamos de una simple rentabilización. Tenemos mucho cuidado a la hora de redactar ese capítulo, por ejemplo”.
Para Jiménez es importante además que la ley comunique al ciudadano y que la ciudadanía pueda acercarse a ésta y encontrar herramientas para participar en la vida cultural.
Las sesiones, que en un principio se habían programado durante los martes de enero, continuarán desarrollándose hasta la conclusión del trabajo. “Avanzaremos en simultaneidad en los siguientes capítulos. No tenemos una restricción”, dijo Lucina Jiménez.
