EDOMEX: el marasmo partidista
IMPULSO/ Roberto Rock L.
Enclave estratégico del presidente Peña Nieto, granero vital de votos para cualquier partido, considerado por décadas laboratorio de la elección presidencial, el Estado de México provoca que la política nacional retenga hoy el aliento en vísperas de que los partidos definan a sus candidatos para la elección de gobernador en junio próximo.
Son cada vez más ruidosas las señales de crisis interna en las principales agrupaciones partidistas, notablemente en el PRI, donde desde hace meses se vive una tensión soterrada que pone en duda la autoridad política de Peña Nieto para impulsar a un aspirante, frente a la alegada voluntad del gobernador Eruviel Ávila de abrir el camino a una fórmula que le sea incondicional.
Las evidencias disponibles apuntan en el sentido de que la voluntad presidencial estaría inclinada en favor de Alfredo del Mazo Maza, primo suyo, hijo y nieto de ex gobernadores mexiquenses. En la acera de enfrente, Ana Lilia Herrera y Carlos Iriarte serían las cartas finalistas del mandatario Ávila, quien contaría con un pacto en este propósito con Arturo Montiel, controvertido ex gobernador que conserva una cuota de poder incontrovertible.
La leyenda política ha tejido por al menos seis años una rivalidad entre Ávila y Del Mazo. Una narrativa ampliamente ilustrada los ubicó como finalistas al término de la gubernatura de Peña Nieto. De esa pugna, resultó ganador el primero gracias al presunto amago de migrar a una candidatura opositora.
Las administraciones de Peña Nieto y Ávila no pudieron ser, sin embargo, más cercanas. Sumaron varias decenas las visitas presidenciales a la entidad, siempre marcadas por obras, inversiones y muestras de afinidad recíproca. Un punto de quiebre entre ambos en esta hora final debería suponerse no sólo improbable, sino inconveniente, casi políticamente suicida. Pero todo indica que está ocurriendo.
Por el lado de la oposición, el panorama no puede ser de mayor marasmo: PRD y PAN han gustado por décadas de ser convidados a la mesa del poder estatal, que tradicionalmente les asignó fondos y cuotas de poder de diversa magnitud, lo que nunca incluyó la posibilidad de disputar con seriedad la Gubernatura. Castrados de su verdadera razón de ser, panistas y perredistas se han dedicado por años a exprimir erarios municipales y a pugnas internas, incluso sangrientas, por la tajada del pastel que se les asigna.
“En lugar de combatir al brazo corruptor priista, le estrecharon la mano. En lugar de condenar el clientelismo electoral asfixiante del empeño personal […], los panistas importaron las mañas del parasitismo social que convierte a la función pública en un despilfarro de dádivas gubernamentales”, escribió apenas este miércoles el ex presidente nacional del PAN, Germán Martínez, conocedor de esa podredumbre que también lo atrapó a él, pues, de ser operador central del presidente Felipe Calderón y secretario de Estado, devino en cabildero de empresas privadas.
Los resultados electorales de 2016, con sonoras derrotas del PRI en siete estados, en algunos de los cuales nunca se había vivido la alternancia, abrieron una ventana a los ojos de la oposición, especialmente si marcha en alianza, lo que se ha discutido en las cúpulas nacionales, encabezadas por la perredista Alejandra Barrales y el panista Ricardo Anaya.
Esa posibilidad ha sido combatida por los liderazgos de ambos partidos en el Estado de México, por afectar a sus intereses directos. El PRD local es controlado por la facción ADN, bajo el cacicazgo vitalicio del señor Héctor Bautista. En el lado del PAN el señor Ulises Ramírez encarna al panismo esclavo y corrupto.
Operadores de Barrales y Anaya desarrollaron conversaciones casi clandestinas, que en las últimas horas se apresuraron ante el vencimiento, el próximo martes, del plazo para registrar una todavía improbable alianza. En el remoto, pero no cancelado caso de que un acuerdo así se frustrase, ambos deberán asumir su cuota de responsabilidad para alejar la posibilidad de propinarle al PRI un golpe que quizá fuera definitivo para echarlo de nuevo de Los Pinos en 2018.
La atención se halla más centrada en Anaya, cuyos pactos con la administración Peña Nieto están sobradamente documentados, pero, sin embargo, ha sostenido reuniones con Alejandro Encinas.
