IMPULSO/ Agencia SUN
Toluca
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) presentó su “Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México” el cual señala que persisten las agresiones contra las personas que defienden los recursos naturales.
Los estados de México y Sonora que presentan 12 casos cada uno, y Oaxaca con 6 casos, son las entidades que encabezan la lista de agresiones; le siguen Puebla con 5 casos; Colima y Campeche con 4; Veracruz y Chiapas con 3; Quintana Roo, Jalisco, Guanajuato y Baja California Sur con 2; y finalmente Yucatán, Morelos, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y Ciudad de México con sólo 1 caso.
“Es importante precisar que un ataque a personas defensoras de derechos humanos ambientales puede contemplar la comisión de diversas agresiones. Sonora, Estado de México y Oaxaca se mantienen como las tres entidades con mayor número de casos de ataques a personas defensoras de los derechos ambientales, en comparación con los informes anteriores”, destaca el documento.
Del total de los casos registrados, las agresiones más recurrentes fueron las amenazas con 24%, seguidas de la intimidación con un 19%, la criminalización en un 18% y las agresiones físicas se presentaron en un 15%. Otras agresiones registradas fueron el hostigamiento, 11%, difamación con 6%, la privación ilegal de la libertad, el desalojo forzoso, el allanamiento y robo en un 2% cada uno. “Sólo se registró un caso de homicidio, el cual ocurrió en el estado de Chihuahua, vinculado con tala clandestina”.
Las agresiones, en su mayoría, fueron más comunes hacia los individuos y en menor medida a organizaciones de la sociedad civil y comunidades. Los tipos de megaproyectos y actividades donde más se registraron casos de agresiones son los hidráulicos, con 17, seguidos de los proyectos mineros, 10, de infraestructura, 8, e hidroeléctricos, 7.
“Se mantiene cierta homogeneidad respecto a los años anteriores siendo evidente que se trata de tipos de megaproyectos que históricamente han mostrado ser fuente de conflicto en México por sus graves impactos ambientales, sociales y culturales”, señala.
Las afectaciones más reclamadas por los defensores de derechos humanos ambientales, en especial contra pueblos indígenas y campesinos, están relacionadas con la defensa de la tierra y el territorio, así como del agua.
Alejandra Leyva, experta en Derechos Humanos del Cemda, apuntó que “el Estado mexicano debe de realizar un papel eficaz para prevenir y sancionar las agresiones contra los defensores ambientales, y evitar a toda costa que puedan ser las propias autoridades, en los tres niveles de gobierno, quienes cometen o tienen participación en las agresiones”.
Destacó que, según los datos obtenidos por el informe, 43% de las agresiones provinieron de autoridades del Estado mexicano de los distintos órdenes de gobierno; el 14% fueron cometidas por particulares; el 7% por parte del personal de las empresas; el 3% por parte de la gente de la misma comunidad y el 2% por grupos del crimen organizado. En el 31% de los casos no fue posible identificar a los agresores.
El Cemda incluyó en su “Informe una serie de recomendaciones al Estado mexicano”, que incluyen garantizar oportunamente el cumplimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos y las comunidades e indígenas, así como a la participación en las decisiones que les afectan, así como vigilar en todo momento que se respeten los derechos humanos de las personas que habitan en los territorios donde se busca desarrollar los proyectos, suspendiendo aquellos donde ocurran violaciones a los mismos.
