IMPULSO/ Agencia SUN
Zacatecas
Tras difundirse fotografías y videos sobre las remodelaciones que el ex gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, realizó en 2011 a la Casa de Gobierno, el legislador federal Jorge Álvarez Maynez consideró que el actual mandatario, Alejandro Tello, debe fijar una postura clara sobre dicha remodelación.
Además, le pidió denunciar y perseguir estos hechos. De no hacerse nada -aseguró el legislador-, entonces el actual gobernador “se convertiría en cómplice del despilfarro y desvío de recursos”.
El diputado de Movimiento Ciudadano, quien también fue diputado local durante los primeros tres años del sexenio de Miguel Alonso, afirmó que la inversión de más de 16 millones de pesos en la Casa de Gobierno fue “ilegal”, ya que dichos recursos no estaban presupuestados.
Reprochó que el ex gobernador de Zacatecas “se haya gastado más en la remodelación de la casa, en un solo año, que el presupuesto anual dedicado a la vivencia social, dejando en estado de indefensión a miles de familias por esta negligencia”, acusó.
Consideró que al ver en videos y fotografías ciertos detalles de la remodelación, como las salas de cine, vestidores y otras áreas, para él sólo muestran la personalidad del ex mandatario, incluso, afirmó que “Miguel Alonso ha sido el gobernador más corrupto de la historia de Zacatecas y eso se debe -dijo-, en buena medida, a su frivolidad”.
Recientemente, el diputado Jorge Álvarez también denunció que el ex gobernador de Zacatecas gastó en imagen y publicidad 189 millones de pesos en 2016, cuando presuntamente éste sólo tenía autorizados 19 millones de pesos.
Álvarez Maynez insistió que el gobernador Alejandro Tello debe presentar con claridad su postura sobre el asunto de la remodelación a la Casa de Gobierno, así como de la deuda heredada a su gobierno y sobre el gasto en publicidad oficial, tras argumentar que todo esto es un quebranto al patrimonio del Estado y un desvío de recursos públicos.
El diputado aprovechó el caso para referir la importancia de la iniciativa que ha presentado a nivel federal para separar los gastos personales del presidente y su familia de los gastos que corresponden al ejercicio de su función y, que estos segundos, deberían ser transparentados, iniciativa que afirma también debe aplicarse a los gobernadores.
