IMPULSO/ Raúl Rodríguez Cortés
Qué ocultan sobre Ayotzinapa
El domingo seis de septiembre próximo, entregará su informe final el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sin que se le haya permitido completar el trabajo sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La negativa oficial de entrevistar a los 26 militares del Vigésimo Séptimo Batallón de Infantería que estuvieron presentes en los hechos ocurridos en Iguala entre el 26 y el 27 de septiembre del año pasado levanta una gran suspicacia y abona a la incredulidad de lo que la PGR planteó en su momento como “la verdad histórica”, sobre todo tratándose de uno de los argumentos centrales, la eventual complicidad militar por acción u omisión, misma que los padres de las víctimas se han planteado respecto a lo ocurrido.
Los expertos independientes, que actúan por mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), formularon la petición de entrevistar a los militares pocos días de que iniciaron pesquisas en marzo de este año. Casi cinco meses después, recibieron la respuesta de que las entrevistas se hicieran mediante preguntas por escrito, sin estar presentes en la diligencia.
El argumento dado el lunes por la SEGOB fue que, de permitir la entrevista directa, se pondría en riesgo la investigación criminal. El GIEI respondió que no entiende por qué fue posible entrevistar a víctimas, familiares, policías, inculpados, testigos y otros agentes del Estado sin que al Gobierno le pareciera que se violó el debido proceso.
Por otra parte, Claudia Paz, Alejandro Valencia, Francisco Cox y Carlos Beristain informaron el lunes pasado de la pérdida y eventual destrucción de videos y otras evidencias que pudieron servir en la investigación.
En cuanto a las imágenes, no precisaron relativas a qué, pero, respecto a las otras evidencias, se trata de ropa encontrada en algunos autobuses en los que viajaban los jóvenes cuando ocurrió la desaparición. A juicio de los expertos, se trata de “hechos graves y preocupantes”, por lo que algunas muestras de esas prendas serán enviadas a Innsbruck, Austria, para su análisis genético.
El GIEI planteó, por lo pronto, la posibilidad de ampliar el plazo de seis meses que les concedió el gobierno de Peña Nieto, para lo cual, se sabe, ya dialogan la CIDH y los representantes de las víctimas con el Estado mexicano. Mientras, el seis de septiembre, se espera un informe final que deberá incluir recomendaciones específicas al Estado, los padres de la víctimas refuerzan su convicción de que los 43 jóvenes fueron desaparecidos y denuncian que el Gobierno no ha cumplido ninguna de las diez acciones a las que se comprometió el Presidente en octubre de 2014 durante la única reunión que ha tenido con los padres de Ayotzinapa.
El asunto es una bomba que aún no está desactivada y, peor aún, se ha convertido en un paradigma: la justicia en nuestro país hace tiempo que se perdió.
Instantáneas
1. La PGJDF tiene plenamente identificado a un grupo criminal que extorsiona, cobra derecho de piso y vende drogas en la ciudad de México, se autodenomina “La Unión Insurgentes” y se le conoce desde que en mayo de 2013 secuestró a un grupo de jóvenes del bar Heaven y después los asesinó. Sus líderes son, de acuerdo con la investigación de la PGJDF, José Joel Rodríguez Fuentes, alias “El Javis”, detenido en 2014; y Edwin Jiménez Cabrera, alias “El Antuan”, prófugo. Su principal zona de operación es el corredor Polanco, Zona Rosa, Condesa y Roma.
2. Poner el sello de servicio directo a la gente es la indicación surgida desde la oficina del jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera. En esta segunda parte de su gobierno enfatiza programas que han resultado bastante efectivos como es el caso de Médico en tu Casa, Cuna CDMX (para evitar la muerte de cuna), Centro de Justicia para la Mujer y, hace unos días, el nuevo Reglamento de Tránsito.
Comentarios: [email protected] y raulrodriguezcortes.com.mx
