IMPULSO/ Rosalinda Hernández Alarcón
¡Hasta que haya verdad!, ¡hasta que haya justicia!
Para conmemorar el segundo año de la detención-desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, ubicada en Ayotzinapa, sus familiares y diversas organizaciones sociales reivindican estas consignas de verdad y justicia. Ambos reclamos son vigentes porque la institucionalidad mexicana sigue sin esclarecer plenamente este hecho en el que están involucradas fuerzas de seguridad pública y del crimen organizado, tampoco hay indicios que apunten a que todos los responsables materiales e intelectuales serán castigados.
Este caso se ha mantenido en la esfera mediática nacional e internacional gracias a la actividad intensa de los familiares, entre ellos, las madres de los jóvenes, quienes han demostrado gran fortaleza y claridad política, sus voces son conocidas en múltiples lugares. Sin duda, representan un ejemplo por su tenacidad y valentía al dejar su entorno cotidiano para realizar un activismo intenso en estos 24 meses.
Imposible describir en este espacio las irregularidades cometidas en el proceso de investigación, sólo queda anotar el hecho más reciente dado a conocer sobre el posible encubrimiento de un funcionario que alteró evidencias del caso. Familiares de los 43 estudiantes exigen al Gobierno federal investigar y sancionar a Tomás Zerón, quien ahora tiene un cargo de mayor rango en el Consejo Nacional de Seguridad, aún y cuando fue integrante de la Agencia de Investigación Criminal e hizo un recorrido en Cocula, cercano a Ayotzinapa, con uno de los integrantes del grupo de narcos “Guerreros Unidos”, esto además de que fue separado de ese cargo tras conocerse que esa diligencia no fue consignada en el expediente de la Procuraduría General de la República. Lo anterior, en opinión de los familiares, se debe aclarar de inmediato, ya que puede existir manipulación por parte de ese funcionario público.
El caso Ayotzinapa ha hecho evidente cómo al Gobierno mexicano, presidido por Peña Nieto, no le interesa llegar a la verdad, ha desestimado las quejas sobre la forma en que la investigación ha sido manejada e ignora las recomendaciones que desde abril pasado le entregó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Si la demanda de justicia por los 43 normalistas ha rebasado el ámbito nacional y continúa resonando en espacios internacionales, cabe preguntar: ¿será la verdad de Ayotzinapa más grave que el desgaste que tiene el presidente de México? Ello sin olvidar que las denuncias de ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas de seguridad pública y narcotraficantes se multiplican en un contexto en el que se exige la renuncia de Peña Nieto.
