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Europa
Samuel Eto’o tratará de buscar una salida que le evite el ingreso en prisión. El delantero camerunés prevé devolver los 3,8 millones de euros que, presuntamente, defraudó a Hacienda durante cuatro de las temporadas que jugó en el Barça (de 2006 a 2009). La fiscalía ha pedido para Eto’o diez años y medio de cárcel por cuatro delitos fiscales, tal como avanzó ayer EL PAÍS. Eto’o, sin embargo, aún está a tiempo de devolver el dinero defraudado e intentar pactar una sentencia con la pena rebajada.
Si devuelve la cantidad defraudada por no declarar en su IRPF los ingresos que obtuvo por derechos de imagen, el ministerio público podría contemplar la atenuante de “reparación del daño”. Esa circunstancia permitiría rebajar las penas por cada uno de los cuatro delitos. Eto’o tiene posibilidades de buscar un pacto con la fiscalía hasta el mismo día del juicio, cuya fecha aún no está fijada. Según fuentes cercanas al jugador, defendido por el penalista Josep Riba, el objetivo es que, a cambio de aceptar que defraudó a Hacienda y de devolver el dinero, Eto’o logre una sentencia que no sobrepase los dos años de cárcel. Ese es el umbral que, por lo general, permite que se suspenda la ejecución de la pena y que un condenado sin antecedentes evite el ingreso en prisión.
Negociaciones rotas
La fiscalía considera que Eto’o “simuló” la cesión de sus derechos de imagen a dos empresas, lo que le permitió no tributar sus ingresos con la marca deportiva Puma al tipo máximo del IRPF (del 45% esos años). Además de la pena de prisión, la fiscalía solicita que pague una multa de 14,3 millones. La acusación también se dirige, en los mismos términos, contra quien fue representante y hombre de confianza de Eto’o hasta 2011, Josep Maria Mesalles.
Aunque devuelva el dinero y asuma los hechos, Eto’o no se siente responsable del fraude. Culpa a Mesalles, a quien atribuye la batuta de los asuntos económicos y fiscales. En 2011, de hecho, Eto’o se querelló contra su representante por haberse apropiado ilegalmente del patrimonio inmobiliario que había acumulado gracias a sus ingresos como jugador profesional. Un juez impuso una fianza de casi 15 millones a Mesalles. Las conversaciones que jugador y representante mantenían para llegar a un acuerdo en este caso se han roto, según diversas fuentes. EL PAÍS