Roberto Borge demandado por venta irregular de predios en Quintana Roo

IMPULSO/ Edición Web
Quintana Roo
El gobierno de Quintana Roo que encabeza Carlos Joaquín González, presentó denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General de Quinta Roo, en contra del ex gobernador Roberto Borge por la venta irregular de 9 mil 500 hectáreas propiedad del estado
En conferencia de prensa, el secretario de Gestión Pública de Quintana Roo, Rafael Antonio del Pozo, denunció que la actual administración ha comenzado acciones para recuperar el dinero delapidado de Roberto Borge.
El funcionario local comentó que han sido halladas irregularidades en el precio de predios que son propiedad del estado de Quintana Roo y que se vendieron a empresas vinculadas con familiares, amigos y empleados del ex mandatario y la ex titular del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública Estatal, Claudia Romanillos Villanueva.
“El gobierno de Quinta Roo en el marco del proceso de entrega-recepción ha iniciado acciones para recuperar el patrimonio de los quintanarroenses dilapidado durante la anterior administración. Se han encontrado irregularidades en la enajenación a particulares de predios del dominio privado propiedad del estado”, denunció.
Agregó que el precio en el que la administración anterior vendió varios predios es irreal, toda vez que hay algunos que ni si quiera llegaron al 1 por ciento del valor real que estos tenían.
“En la lista de compradores aparecen familiares del exgobernador Borge. Las enajenaciones en predios tienen un total de 9 mil 500 hectáreas, que son equivalentes a 95 millones de metros cuadrados; esto es más de seis veces de la superficie total de la zona hotelera de Cancún”, expuso.
Comentó que la enajenación de terrenos se concretó en un 7 por ciento en Bacalar; 10 por ciento en Felipe Carrillo Puerto; 20 por ciento en Tulum; 23 por ciento Cozumel; Benito Juárez, 36 por ciento; Solidaridad 52 por ciento; y Puerto Morelos, 60 por ciento.
Ante ello, urgió a las autoridades a que investiguen para que comprueben la procedencia de los recursos y su situación ante las autoridades hacendarias para determinar si los accionistas tuvieron realmente la capacidad económica para adquirir los predios. MVS