IMPULSO/ Redacción
Toluca
Ángel Díaz Del Río, haz una intensa investigación entre los partidos políticos que participaron en las elecciones del pasado siete de junio para que te expliquen ampliamente a qué se deben tantas impugnaciones por los resultados.
Siempre ha existido el derecho de pataleo y los partidos perdedores han llegado a la conclusión de que deben impugnar, pues, de lo contrario, sus propios militantes los llamarán “vendidos”, pero de allí a impugnar sólo por el gusto de hacerlo es una cuestión muy diferente. Por ejemplo, tan sólo en el municipio de Naucalpan, ayer se recibieron tres mil 126 impugnaciones. Tan mal estuvieron las cosas que únicamente en 18 municipios, de los 125 que integran la entidad, no se presentaron quejas, en todos los demás, unos más, unos menos, hubo protestas. Si eso es recurrente, las siguientes elecciones serán aún más impugnadas y protestadas.
Miguel A. García, el programa que emprendió el Gobierno mexiquense para combatir los asaltos que se registran en los camiones y autobuses del servicio público de pasajeros ha rendido importantes frutos, representados en cientos de personas puestas a disposición de las autoridades competentes y en la requisa de armas y de estupefacientes. Estos operativos debemos agradecerlos a la autoridad, pero, pese a ello, los asaltos siguen a la orden del día, aunque con menos frecuencia. Ayer, en Tlalnepantla, un sujeto frustró un asalto al camión 0164 de la ruta 164 de Autobuses Coyotepec al disparar sobre los tres asaltantes, hiriendo a dos y matando a uno. Pregunta al comisionado de la CESC, Eduardo Valiente Hernández, si tiene pensado intensificar los operativos en los autobuses para que no se registren más este tipo de acciones, en las que la gente toma la justicia en sus manos, con el riesgo de afectar a gente inocente.
Patricia López Vences, pregunta al procurador de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, si sería prudente que los legisladores mexiquenses analicen modificar la constitución local para hacer más punitivo el delito de tortura, pues, de lo contrario, se da el caso de que quienes son acusados de practicarlo enfrenten a la justicia desde la comodidad de una libertad bajo caución, como sucede con los cuatro elementos ministeriales señalados como responsables de haber participado en la tortura de tres mujeres que presenciaron la muerte de 22 civiles en Tlatlaya. Estos cuatro elementos pagaron una fianza y están libres porque así lo determinó un juez en virtud de que la tortura no está tipificado como delito grave en el Estado de México.
