IMPULSO/ José Rangel Espinosa*
El caso de Iguala
Existe consternación y gran preocupación en México y otros países por lo sucedido hace dos años en Iguala, Guerrero.
El secuestro y seguramente asesinato de 43 estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa “Isidro Burgos” a manos de la delincuencia organizada [sic.], es un hecho que muestra la inseguridad que prevalece en el mundo por el contrabando de armas y el narcotráfico.
Cualquier lugar donde haya dinero y personas que buscan ganarlo fácilmente es terreno fértil. A esta circunstancia, hay que agregar la desintegración familiar que lleva a los jóvenes a encontrar en las drogas un modo artificial de vivir con intensidad.
Este fenómeno está considerado el cáncer de la humanidad y hay que reconocer que nos impacta a todos y debemos prevenirlo y atacarlo las 24 horas del día.
Los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa –a quienes se les declarará legalmente fallecidos- se prestaron para apoyar a los narcotraficantes conocidos como Los Rojos y acudir a sabotear un evento del Gobierno Municipal de Iguala, supuestamente vinculado al Grupo Guerreros Unidos.
Estos últimos deciden interceptar a los normalistas y no se vuelve a saber de los muchachos, que en ese momento eran ya reclutas de la delincuencia organizada.
En síntesis, este magnicidio es resultado del típico enfrentamiento de grupos de narcotraficantes por controlar una plaza, en donde se pone en evidencia el pésimo trabajo de campo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) de la Secretaría de Gobernación, pésimo por no coadyuvar oportunamente con los gobiernos estatales en los temas relevantes que amenazan la seguridad pública.
Un mérito más de Miguel Osorio Chon [sic.] para que deje el cargo a un funcionario con mayor experiencia y carácter, que, por supuesto, no aspire a la Presidencia de la República. ¡que se faje pues!
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Ya se inauguró el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI como la Santa Inquisición del siglo XXI, procesando la suspensión de los derechos partidistas de siete miembros distinguidos del Estado de Veracruz, incluido el gobernador Duarte. Estos funcionarios cometieron seguramente excesos en detrimento del interés público y eso lo determinarán los juzgadores tal y como lo establecen la Constitución y las leyes reglamentarias cuando concluya el debido proceso.
La actitud del inexperto Presidente del CEN, Enrique Ochoa -por cierto, admirador confeso de Luis Videgaray-, parece también un exceso por juzgar en forma prematura a los inculpados. Todo indica que es una medida que se sustenta en los estatutos del partido para enviar un mensaje a la militancia, sobre todo a quienes ocupan un cargo en el Gobierno, de que podrán ser exhibidos por sus supuestos pecados en cualquier momento procesal.
Con estos mecanismos de operación política partidista para ganar elecciones e instrumentar planes de gobierno con base en la ideología que le da base y orientación, a cualquier cuadro o militante le preocuparía ser miembro de alguna de las comisiones de honor y justicia tricolor.
A propósito de estos órganos que existen en todos las entidades federativas, ¿los priistas sí sentenciados ya están expulsados, al menos suspendidos en sus derechos y en justicia exhibidos?
Ex Diputado Federal LIX y LXII José Rangel Espinosa.
Twitter @PepeRangel1910
