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Brasil
La corrupción ya se ha convertido en una palabra inseparable de los nombres de Lula da Silva y Dilma Rousseff.
Ayer, ambos ex mandatarios brasileños recibieron un nuevo revés al conocerse que Guido Mantega, el poderoso ministro de Hacienda de los gobiernos de Lula y Dilma —que ocupó dicho puesto entre los años 2006 y 2015—, fue detenido ayer bajo la sospecha de haberse beneficiado de la trama de corrupción descubierta en Petrobras.
Mantega fue detenido en un hospital de Sao Paulo, donde estaba acompañan- do a su mujer durante una intervención quirúrgica, en el marco de una nueva fase de la operación encargada de investigar la corrupción en la petrolera del país.
La Policía tenía orden judicial para arrestar a ocho personas con mandatos de prisión temporal, entre ellas Mantega, para interrogarlos. Horas más tarde, el juez ordenó su liberación para que pudiera volver a acompañar a su esposa durante la operación.
Los fondos, según las investigaciones, se destinaron a importantes políticos del Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff y el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva; al pago de deudas de campaña de esta formación y también a un intermediario que ha sido condenado por la entrega de sobornos al Partido del Movimiento Democrático (PMDB) del actual presidente, Michel Temer.
La principal prueba que llevó a la detención del ex ministro es el testimonio de Eike Batista, quien levantó un imperio de empresas del sector de construcción y energía y acusó a Mantega de pedirle en 2012 que pagase “deudas” de una campaña electoral.
Un año después, Batista pagó a través de una empresa en el extranjero 2.35 millones de dólares a una compañía a nombre de Mónica Santana, publicista que trabajó en la campaña electoral de Rousseff en 2010 y que hace meses fue detenida por este caso.
La orden de arresto contra Mantega fue expedida por el juez el pasado agosto, pero no se ejecutó hasta ahora “por los Juegos Olímpicos” y otras investigaciones, según dijo el comisario Igor de Paula.
El comisario dijo que fue una “coincidencia desafortunada” que el arresto se produjera cuando Mantega se encontraba en un hospital de Sao Paulo acompañando a su mujer mientras se sometía a una operación. La pesquisa por el desfalco a la petrolera ha trastocado importantes círculos de la polítca nacional del país sudamericano. El martes pasado el magistrado, Sergio Moro indicó que “existe suficiente evidencia” para iniciar un proceso judicial contra Luiz Inácio Lula da Silva, su esposa y otras seis personas en una investigación relacionada con la Operación Lava Jato.
Los fiscales dijeron que Lula era el “comandante máximo” del escándalo de sobornos al interior de Petrobras que ha sacudido a Brasil. Afirman que se pagaron miles de millones de dólares en sobornos para la obtención de contratos de la petrolera con costos inflados.
La decisión del juez era esperada después que los fiscales acusaron a Lula la semana pasada.
Lula calificó el martes pasado las acusaciones como “una farsa, una gran mentira y un enorme espectáculo”.
Al explicar su decisión, el juez Moro dijo que Lula y otros se beneficiaron de renovaciones a un edificio de apartamentos frente al mar en la ciudad de Guaruja, en el estado de Sao Paulo. Las mejoras fueron realizadas por la compañía constructora OAS, que es una de las involucradas en la red de sobornos en Petrobras.
Moro señaló que los fiscales creen que el ex presidente recibió 1,15 millones de dólares en sobornos de OAS por la otorgación de contratos relacionados a refinerías.
“Los hechos y evidencia son suficientes para mí para aceptar la acusación”, dijo el juez en un documento enviado a la prensa. “Luiz Inácio Lula da Silva presuntamente recibió beneficios de Group OAS. Según la acusación, él tenía conocimiento de sus orígenes en la red delictiva que dañó Petrobras”.
El magistrado Moro dio a Lula y a los otros acusados 10 días para presentar su defensa en la corte.
Lula, quien fue un presidente sumamente popular en el período 2003-2010, ha sido implicado desde hace mucho tiempo en la investigación conocida como “Autolavado”. Pero la semana pasada, los fiscales elevaron el nivel de su presunta participación en la red de sobornos que se remonta a más de una década, y lo llamaron “comandante supremo”.
En un mensaje subido al canal de YouTube de los sindicatos brasileños de trabajadores de las industrias metalúrgica y bancaria, Lula acusó a los investigadores de presionar a otros sospechosos en el caso para que lo implicaran a cambio de libertad. Muchos de los implicados han llegado a acuerdos con la fiscalía para declararse culpables a cambio de sentencias reducidas.
“Yo tengo una conciencia limpia. Si tienen una sola prueba contra mí quiero ser juzgado como cualquier otro ciudadano brasileño”, dijo el ex mandatario. La semana pasada, Lula admitió que visitó el penthouse citado en la acusación, pero que nunca fue el propietario.. Dijo que los fiscales están tratando de socavar sus posibilidades de regresar a la política.(La Razón)
