IMPULSO/ Samuel García
¿Videgaray decidió someter la economía a la sucesión?
Los malos pronósticos que se ciernen sobre la economía requieren tomar decisiones en serio antes que sea demasiado tarde.
El seis de julio pasado, nos preguntábamos en este espacio si debe o no considerarse un escenario de crisis económica en México antes de 2018. El puro cuestionamiento enchinó la piel de algunos y con razón. Hace un año, el porcentaje de ocurrencia de un escenario así era simplemente despreciable.
Pero las expectativas han cambiado dramáticamente para México. La respuesta que dimos en aquel momento fue que un escenario de crisis económica en el país debe estar sobre el escritorio de cualquier analista de políticas públicas y de cualquier político por, al menos, cinco razones:
1.Por la debilidad manifiesta de las finanzas públicas, en las que sobresale el costo de una deuda cuyo crecimiento ha encendido las alarmas;
2.Por la desaceleración de la economía que amplifica esa debilidad, desacelera el consumo y la inversión y debilita al sistema bancario;
3.Por unas cuentas externas que sigue deteriorándose mes a mes, con una cuenta corriente cuyo déficit no logra ser cubierto por inversiones extranjeras directas y de cartera huidizas;
4.Por las divisiones al interior del partido gobernante que exacerban los riesgos políticos y de ingobernabilidad que rememoran a los quiebres de 1993 y 94; y
5.Por la creciente desconfianza de los capitales ante el agigantamiento de figuras políticas populistas en el 2018 y las crecientes tentaciones sobre el uso del gasto y la deuda pública para fines políticos.
Si a lo anterior le añadimos un contexto externo adverso con una economía estadounidense menos dinámica, con cada vez más fuertes preferencias por el proteccionismo comercial hacia el futuro, con una economía china indescifrable, pero con tendencia a la desaceleración, con economías europeas aún estancadas y con fuertes movimientos sociales que cuestionan los fundamentos de la Comunidad Europea y con grandes economías emergentes –como Rusia o Brasil- cuyos desequilibrios macroeconómicos les tomarán varios años recomponer, entonces, el escenario de potencial crisis económica en México se acrecienta hacia el futuro cercano si no se toman medidas de fondo para contrarrestarla.
Y es allí –en la calidad de la toma de decisiones de alto nivel- en donde surgen los mayores cuestionamientos y el freno a la generación de confianza.
No vayamos muy lejos, un día antes de que la calificadora Standard & Poor’s anunciara el cambio de perspectiva a ‘negativa’ para la calificación de la deuda soberana de México, y que Moody’s hiciera lo mismo para el sistema bancario del país, la secretaría de Hacienda hizo dos ‘anuncios’ en su afán de generar mayor confianza: que el déficit fiscal (RFSP) para este año será 3.0% y no 3.5%, como se planteó en los Criterios Generales de Política Económica en noviembre pasado, y la decisión de publicar mensualmente 12 indicadores de finanzas públicas para fomentar la transparencia.
