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México D.F
Las demandas civiles contra periodistas constituyen un ataque indirecto contra la libertad de expresión y en México hay diez casos en curso, advirtió Edison Lanza, relator especial sobre la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Al participar en el seminario sobre violencia y paz, “Demandas Contra los Periodistas, el Uso de las Leyes contra la Libertad de Expresión”, realizado en el Colegio de México, el representante de la CIDH advirtió que judicializar el ejercicio periodístico inhibe el ejercicio de esa actividad.
Según informó en un comunicado la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), la presidenta de este organismo, Perla Gómez Gallardo, coincidió con el Relator en el sentido de que esta es una práctica grave.
Sin embargo, se dijo optimista en el sentido de que, a partir de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos del año 2011, en México existe la posibilidad de aplicar estándares nacionales para evitar ese tipo de presión.
Gómez Gallardo señaló la urgencia de establecer un criterio claro de actualización para que en todo el país haya leyes homologadas de Responsabilidad Civil para Defensa del Honor, Vida Privada y Propia Imagen.
Pero dichas leyes, deben ser equilibradas y no privilegiar el lucro legal ni plazos judiciales amplios, como forma indirecta de ataque contra la libertad de expresión.
Por el contrario, dijo, hace falta fortalecer el ejercicio periodístico como fundamento de la democracia, así como el pleno respeto a los derechos humanos, además de que es necesario revisar los Códigos de Procedimientos Civiles.
La situación, reconoció, no es alentadora. Por ello es fundamental seguir los casos de persecución periodística y no dejar de visibilizarlos, atenderlos.
“Será una cuestión de sistematizar los antecedentes positivos, muchos de estos casos fueron absueltos, pero sigue siendo este otro factor perverso el quitarles el tiempo a quienes se atrevieron a hacer periodismo valiente”, subrayó.
En su oportunidad, Edison Lanza advirtió que de las 10 demandas que están en curso, prácticamente todas se basan en trabajos periodísticos de escrutinio público sobre el manejo de los recursos públicos.
La fórmula es clara, dijo: grupos de poder político y económico afectados por periodistas que difunden hechos ilegales, demandan a los comunicadores para inhibir indirectamente la libertad de expresión.
Por ello, advirtió que la CIDH exige el mayor espacio a la libertad de expresión para que funcione plenamente la democracia y la pluralidad, porque todo funcionario público debe ser sujeto del escrutinio responsable sobre el desarrollo de sus funciones.
