IMPULSO/ Miguel A. García
Toluca
El gobernador Eruviel Ávila Villegas anunció que presentará a la Legislatura del Estado de México una iniciativa de ley que pretende reformar la constitución mexiquense, esto para implementar formalmente el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, que obligaría a las funcionarios públicos a presentar su Ley 3 de 3.
En el marco de la actualización referente a lo establecido por el Sistema Nacional Anticorrupción, el Ejecutivo informó que su propuesta se basa en detectar y sancionar cualquier acto de corrupción, pues establecería la creación de un comité coordinador de este Sistema Estatal Anticorrupción.
Éste estaría integrado por el Órgano Superior de Fiscalización, la Secretaría de la Contraloría, integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa, el Titular del Instituto de Transparencia, representantes del Consejo de la Judicatura y un Comité de Participación Ciudadana.
A su vez, esta iniciativa pretende crear este Comité de Participación Ciudadana, órgano compuesto por ciudadanos destacados, instancia encargada de ejecutar e instrumentar políticas en materia de fiscalización y control de los recursos públicos.
También transformaría el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para crear el Tribunal de Justicia Administrativa, dotándolo de facultades para sancionar faltas graves de los servidores públicos y de particulares que afecten la hacienda pública.
La iniciativa incluye formalmente la Ley 3 de 3 para que todos los servidores públicos estatales y municipales estén obligados a presentar su declaración patrimonial, la de interés y la declaración fiscal.
Dotaría también de facultades al Órgano Superior de Fiscalización para que revise la cuenta pública, y en su caso llevar acciones ante el Tribunal de Justicia administrativa o a la Fiscalía Especializada en el Combate a la corrupción.
Sería la Legislatura la encargada de nombrar a los responsables de la Contraloría y los órganos autónomos del Estado de México con votación de dos terceras partes.
Reiteró que el combate a la corrupción es vital para lograr un gobierno transparente, no como exigencia ciudadana sino como deber de los gobiernos. Destacó que este nuevo marco jurídico permitirá que los ciudadanos puedan tener un papel más activo para sancionar la corrupción.
El 18 de julio se publicó el Sistema Nacional Anticorrupción, uno de sus artículos transitorios establece que, dentro del año siguiente a la entrada en vigor del decreto, las entidades federativas deberán realizar adecuaciones normativas correspondientes de conformidad.
