IMPULSO/ E. F. Gallardo Sánchez
Contingencia
Ni la lluvia pudo contra la contaminación ambiental, efectivamente, pese a que los últimos días se han caracterizado por la gran cantidad de agua que se ha abatido sobre el Valle de México, ocasionando incluso fuertes inundaciones en algunos puntos, ni eso ha podido disminuir la polución que se cierne sobre esta zona geográfica.
De allí que cabe concluir que todos los estudios que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) realizó sobre la contaminación no sirvieron de nada, como tampoco han servido de nada los programas y las acciones que impusieron para contrarrestar los efectos nocivos de la contaminación.
Ayer por la tarde, se registraron 151 puntos de ozono en algunas partes del valle de México, lo que obligó a las autoridades, ésas de la CAME, a decretar la Contingencia Ambiental en su Fase 1, que se mantendrá todo el día de hoy. Entonces, qué sigue.
Dejaremos pasivamente que las autoridades, supuestamente basadas en estudios técnicos y científicos, impongan medidas que sólo agravan el bolsillo de la población, como esta nueva medida de obligar a todos los vehículos registrados en el Estado de México a verificarse a fuerza, cuando antaño sólo tenían obligación de hacerlo aquellos que circulaban en el valle de México.
Claro que las nuevas medidas tienen un tufo recaudatorio que ninguno de sus sesudos estudios lo puede enmascarar.
Esta nueva declaratoria de contingencia ambiental echa por tierra sus decisiones y demuestra que no son los vehículos la principal fuente de contaminación, sino las industrias y las unidades de transporte público, así como los camiones de carga, así de sencillo.
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Importante decisión asumió ayer la Suprema Corte de justicia de la Nación, determinó que, en el caso de bloqueos, será válida la norma de la Ley de Movilidad, que prevé la acción de la policía para evitar bloqueos en vías primarias.
En caso de desalojo, asumió la responsabilidad de regir la normatividad en materia de uso de la fuerza y validó también el trato de excepción cuando una vía primaria sea el único acceso al punto de reunión.
Traducido al buen español, esto significa que le otorga autoridad al Gobierno para utilizar la fuerza pública si es necesario para desalojar los bloqueos en las calles, avenidas y vialidades.
Esto abre la puerta para que aprueben, si no en su totalidad, casi, la Ley de Uso de Fuerza pública que aprobaron los diputados mexiquenses y que fue ampliamente impugnada, al grado de que los mpropios diputado recularon y solicitaron a la máxima autoridad que revisara el documento.
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El secretario federal de Desarrollo Social, José Antonio Meade Kuri Breña, anunció que, para el próximo año, más que programas, la SEDESOL pondrá énfasis en la política de inclusión, que los programas sean ejes que permitan articular dicha estrategia.
Algo totalmente opuesto a la política asistencialista que impuso al principio de la administración la ex titular de la SEDESOL, Rosario Robles Berlanga.
Eso significa además que habrá menos recursos para repartir entre los pobres y que los pocos o muchos que tengan serán utilizados como “tiros de precisión”.
Y si la política de Rosario Robles no rindió los frutos esperados, ¿por qué no se sanciona a la funcionaria publica?
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El gobernador Eruviel Ávila Villegas y José Reyes Baeza, director general del ISSSTE, entregaron dos mil 500 préstamos personales a derechohabientes de esa institución, mismos que serán utilizados para emprender negocios, mejorar viviendas y seguir estudiando, entre otros aspectos.
Con esto, suman más de mil 200 millones de pesos en lo que va del año en este tipo de créditos, ello a beneficio de familias mexiquenses.
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En beneficio de más de tres mil alumnos que desean continuar sus estudios profesionales, quienes podrán cursar carreras que respondan a la vocación productiva de Tlalnepantla, inició la construcción de la Unidad Académica Profesional de la Universidad Autónoma del Estado de México.
Se colocó la primera piedra de lo que será un edificio de aulas, laboratorios de cómputo, idiomas, importaciones y exportaciones, talleres de planeación, negociación internacional, salas de justicia restaurativa y de negociación, que tendrán una inversión del Gobierno estatal mayor a los 100 millones de pesos.
