IMPULSO/ Agencia SUN
Ciudad de México
Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y los representantes de PRI, PAN, PRD y Morena, acordaron de manera inicial revisar las reglas para la realización de aportaciones de militantes, simpatizantes y servidores públicos a los partidos y sus campañas, tras reconocer casos de retención irregular de percepciones de trabajadores.
En su sesión de hoy, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) analizó esta tarde una denuncia por transferencias electrónicas al PRI realizadas por el Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, de enero a abril de 2014.
Tras larga discusión se acordó devolver el expediente para investigar a qué cuentas se depositaron y si se beneficiaron campañas locales o federales, para en su caso determinar si el INE es competente para conocer el caso o lo es el Instituto Electoral de Coahuila.
Además se discutió una posible vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) pues está prohibido a los servidores públicos establecer cualquier tipo de aportación o de cuota para sus empleados.
Fue por ello que en la discusión los representantes partidistas reconocieron que existe disparidad de normas estatutarias sobre aportaciones a partidos por parte de legisladores y funcionarios que resultaron electos y militan en un partido.
El PRI y el PAN se acusaron mutuamente de obligar a trabajadores a aportar a sus partidos, y el PRD y Morena también se señalaron de esas conductas.
Todos admitieron que deben normarse en el reglamento de Fiscalización las diversas modalidades de aportaciones a los partidos por parte de servidores públicos y legisladores.
APORTACIONES A FUERZA
Sobre el caso analizado, el representante del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, argumentó que el alcalde priista de Torreón acreditó que para las retenciones mediaron autorizaciones de los trabajadores, pero avaló que se investigue más a fondo el caso.
El senador del PAN y representante del Poder Legislativo ante el INE, Javier Corral Jurado, que fue quien denunció el caso, aseguró que este no es un caso de cuota de militantes a un partido, pues no son legisladores, sino subordinados.
“Lo que ha hecho el alcalde Miguel Ángel Riquelme es una extorsión a sus subordinados”, pues con un formato único hizo que a todos sus empleados municipales se les retuviera el 3.5 % de su percepción quincenal y vía electrónica se depositaron al PRI.
Eso se les impuso a los empleados de los departamentos de limpia o cuidado de panteones y eso es un delito electoral.
El consejero Ciro Murayama destacó que si bien es válido que los políticos contribuyan con sus partidos, “pero hay distancia enorme entre eso y que un servidor público haga que sus trabajadores hagan aportaciones por nómina”.
En este caso se trata de trabajadores de limpieza, de cuidado de panteones, jardinería, se les retiene y todos firmaron el primero de enero.
Es decir, todos firmaron la solicitud para que se les retuviera parte de su salario un día inhábil en que no fueron a trabajar, y “amanecieron en año nuevo con un mismo pensamiento”, aportar a ese partido.
Incluso -dijo- en el expediente consta el caso de una persona que se incorporó a trabajar el 16 de abril y el 1 de abril, antes de ser contratado, firma su solicitud.
