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SUSPENSIÓN DEL DESARROLLO INMOBILIARIO EN LOMAS VERDES, UN TRIUNFO DE LA CIUDADANÍA: MAX CORREA

Tlalnepantla.- Como un triunfo de la ciudadanía organizada y un precedente nacional para proteger el medio ambiente, calificó el diputado Max Correa Hernández la suspensión de la construcción de dos torres que albergarían más de mil viviendas en el sitio conocido como “El Cerrito”, última área verde del fraccionamiento Lomas Verdes en Naucalpan.

En 2023, el gobierno panista de Naucalpan, encabezado por la alcaldesa Angélica Moya Marín, permitió a la empresa Fortem Capital iniciar el desarrollo inmobiliario Terralago frente a la contaminada Presa Madín, zona donde escasea el agua y enfrenta uno de los más altos índices de densidad de población.

Resaltó la importancia del fallo judicial ante la exigencia de los vecinos para tener acceso a la justicia, información y a un medio ambiente sano. Detalló que la promoción del amparo también fue firmado por niños y niñas vecinos del lugar.

“La Juez Cuarto de Distrito atendió las denuncias bajo el principio jurídico in dubio pro natura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual es aplicado cuando hay coalición de derechos entre particulares y busca que prevalezca el Derecho de la Naturaleza y un ambiente sano para la población”, señaló.

Max Correa explicó que también el abogado promoviente del amparo tuvo como argumento la Reforma Constitucional que se hizo en el Estado de México, el pasado mes de mayo, para que la Naturaleza sea sujeta de Derechos, al igual que la biodiversidad que se alberga en el ecosistema de la Presa Madín, donde habitan especies endémicas.

Recordó que no solo existe esa ley para defender el medioambiente, “también tenemos el compromiso de campaña de la gobernadora Delfina Gómez que reconoce en su plataforma política a la Naturaleza como sujeto de Derechos”.

En este sentido, dijo estar convencido de que la sociedad seguirá haciendo, cada vez y mejor, el uso del Derecho en defensa del medio ambiente, “porque con estos principios que la SCJN utiliza para dirimir juicios, marca un precedente que el Estado Mexicano está obligado aplicar, como el Acuerdo de Escazú y la Reforma para los Derechos de la Naturaleza”.