La decisión de modificar la iniciativa presidencial para prorrogar hasta 2027 en el cargo a los cinco integrantes actuales de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se debe a que es el órgano responsable de resolver las impugnaciones que se presenten en la elección extraordinaria de jueces, magistrados y ministros, que se realizará en junio de 2025, misma que se propone financiar con recursos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), actualmente en litigio.
En el proyecto de dictamen de la reforma se insiste en que no se puede sustituir en este momento a los miembros del TEPJF.
Sin embargo, la decisión permitirá que los cinco magistrados, varios de ellos muy cuestionados, que se han enfrascado en peleas por la presidencia de ese tribunal, se puedan mantener en el cargo tres años más, pese a que están desde 2016, e incluso Reyes Rodríguez y Felipe Fuentes en octubre próximo concluyen su gestión.
En tanto, la presidenta del TEPJF, Mónica Soto; Janine Otálora y Felipe de la Mata concluirían en octubre de 2025, como parte de un relevo escalonado hasta ahora interrumpido, pues desde octubre del año pasado persisten dos vacantes.
Soto llegó a la presidencia del tribunal en enero de este año, luego de lograr remover –con apoyo de dos de sus compañeros– a Reyes Rodríguez, y lo mismo sucedió a Otálora, quien fue cobijada por sus colegas para ser presidenta (de octubre de 2016 a enero de 2019), y luego forzada a renunciar, lo que es práctica y conflicto común en la sala superior desde hace un lustro.
Debido a ello, en el proyecto de dictamen que se analiza en la Cámara de Diputados se estableció que para evitar esos conflictos, las presidencias del TEPJF y de la Suprema Corte serán rotatorias cada dos años, y las ocuparán los magistrados que logren mayor votación en las urnas.
Reyes Rodríguez comentó que su nombramiento concluye el próximo 31 de octubre, y cualquier otra fecha que contemple un predictamen es una hipótesis de trabajo legislativo de la que no es pertinente pronunciarme en tanto no sea aprobada por en el proceso extraordinario de 2025.
En el proyecto de dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro, que preside el morenista Juan Ramiro Robledo, se precisa que en el proceso extraordinario de 2025 se elegirá a los dos magistrados faltantes de sala superior, así como a los 15 de las regionales, por periodos de seis años.
