• Entregó un Reconocimiento a la presidenta municipal de Tecámac, Petra Rocío Miguel Hernández y a la ex alcaldesa y actual senadora electa, Mariela Gutiérrez Escalante.
Tecámac.- La titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Myrna Araceli García Morón, hizo un llamado a las autoridades municipales a impulsar políticas públicas de inclusión que permitan “normalizar” el reconocimiento de los derechos de integrantes de la población LGBTTTI+, como ya lo hacen en Tecámac.
Tras entregar un Reconocimiento a la presidenta municipal de Tecámac, Petra Rocío Miguel Hernández y a la ex alcaldesa y actual senadora de la República electa, Mariela Gutiérrez Escalante, por las acciones concretas y efectivas a favor de la diversidad sexual y defensa de los derechos humanos, explicó que para impulsar las políticas públicas para la diversidad sexual se requiere en principio ser humanista, tener convicción en el servicio público y una visión de la dignidad e inclusión, para ponerlas en una regulación jurídica y armar estructuras administrativas con un presupuesto específico para materializarlas.
En el Centro Integral de Atención Integral a la Diversidad Sexual “La Nopalera”, en donde se llevó a cabo el Conversatorio sobre políticas públicas en favor de la Diversidad Sexual, la Inclusión y No Discriminación, resaltó que Tecámac es un ejemplo a seguir por impulsar políticas públicas por convencimiento propio, lo cual habla del humanismo de las autoridades y de que el servicio público puede impactar en la vida, la felicidad, el amor y la tranquilidad, para que todas, todos y todes se sientan parte de la sociedad.
Previamente, en la Sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo donde entregó el Reconocimiento al gobierno local, García Morón explicó que por disposición legal la CODHEM es monitor de las actividades de autoridades estatales y municipales, para revisar que contengan las perspectivas de derechos humanos, género, intercultural y diversidad, por tanto, es la segunda ocasión que otorga un Reconocimiento por implementar una práctica que no fue impuesta por la autoridad jurisdiccional o derivó de una Recomendación del Organismo Defensor, sino porque la prioridad del servicio público es pensar en la centralidad del ser humano y su bienestar a partir de su dignidad.
“Tenemos que mirar a todos desde su dignidad y también desde su posición como ciudadanos, y procurar que las políticas públicas, las acciones de gobierno, puedan tender a mantener esta igualdad y esta equidad, de manera particular, en grupos de personas que son invisibles para el resto, que son los que llamamos grupos de personas con alguna condición de vulnerabilidad”, agregó.
