Integrantes del Poder Judicial visitaron Michoacán para compartir objetivo del protocolo.
“La protección al medio ambiente como derecho humano es imperativa para todas las entidades del país, no solo por la obligatoriedad de tratados y convenciones ratificados por México o el carácter sancionador de las leyes en la materia, sino por la urgencia ante el deterioro global de la tierra”, aseguró la Consejera de la Judicatura del Estado de México Edna Escalante Ramírez.
Durante la Mesa de Trabajo institucional desarrollada en Michoacán para la Construcción del Protocolo sobre Justicia Ambiental que impulsa el Poder Judicial mexiquense en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas, a través de UNODC, Escalante Ramírez reiteró la importancia de sumar esfuerzos y materializarlos en acciones que permitan la aplicación de principios rectores del medio ambiente desde el ámbito preventivo y reparador.
En esta jornada, la Consejera se reunió con autoridades de la entidad vecina, entre ellos, Alejandro Méndez López, Secretario del Medio Ambiente. Expresó que, con Michoacán el Edomex comparte problemas derivados de la comisión de delitos contra el ambiente como la tala ilegal, el comercio y tráfico de madera, resinas, especies, contaminación en ríos y descargas residuales en mantos acuíferos.
“El tiempo apremia y las instituciones no podemos dar marcha atrás, es momento de conjuntar esfuerzos y trabajar coordinadamente para la detección y desarticulación de redes de tráfico de especies animales y vegetales, así como generar las condiciones e instrumentos jurídicos para garantizar el acceso a la justicia, la protección de los derechos humanos, el fortalecimiento de capacidades y la cooperación”, añadió.
Subrayó que el objetivo del PJEdomex es contribuir al fortalecimiento del acceso a la justicia impulsando la creación de instrumentos prácticos como manuales y reglamentos que de la mano con la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Seguridad y policías municipales, se garantice el adecuado manejo de especies incautadas, recolección de evidencia y datos de prueba, que permitan la efectiva judicialización de la carpeta de investigación hasta la emisión de una sentencia.
“Buscamos ser fuente de inspiración para otras entidades, y qué mejor que Michoacán se sume a esta sinergia y mediante un diagnóstico evalué la generación de su propio protocolo o adecuaciones a su marco jurídico actual”, agregó.
Marco Antonio del Toral Moral, Gerente del Programa Global contra los Delitos Forestales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, indicó que la justicia ambiental requiere la suma de voluntades, lecciones aprendidas, experiencias y buenas prácticas ya que los delitos que afectan al ambiente vulneran a todas las personas y comunidades sin distinción.
