El ministro Javier Laynez, así como las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, aclararon que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no está cerrada a una reforma al Poder Judicial, pero advirtieron que cualquier modificación debe asegurar garantías mínimas de independencia.
Durante la entrega de las conclusiones de los Conversatorios sobre la Transformación del Poder Judicial, al interior de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ortiz Ahlf habló sobre la propuesta de Morena para que los integrantes del máximo tribunal se designen por voto popular. Al respecto, dijo que no existe un modelo único en el mundo, pero señaló que “lo cierto es que la separación y la independencia de los poderes públicos constituye un principio general del derecho y el derecho internacional una norma consuetudinaria”.
“Concretamente el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha valorado positivamente aquellos sistemas que establecen una entidad independiente encargada de la selección de las y los jueces, por su parte la Corte interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que un proceso adecuado de nombramiento y selección constituye un presupuesto esencial para garantizar la independencia judicial de los estados. En esa materia, cualquier reforma al poder judicial debe asegurar que las garantías mínimas de independencia sean consagradas constitucional y legalmente”, indicó.
Por su parte, la ministra Esquivel Mossa recordó que en 2019, cuando aspiraba a la Suprema Corte, dijo a las y los Senadores que los servidores públicos tienen el deber de escuchar a la ciudadanía: “Y en esa materia coincido en que es urgente y pertinente reflexionar en esta gran reforma estructural que se necesita”.
Laynez Potisek, quien acudió en nombre del pleno de la Suprema Corte, pidió a las y los diputados que cuando piensan en el Poder Judicial de la Federación, ni miren a los 11 ministros, “sino que somos más de 45 mil servidores públicos, incluidos actuarios, notificadores, secretarias y secretarios, desde luego juezas y jueces, magistradas y magistrados”.
Pese a ello, señaló que los tres poderes están obligados, cada uno desde su trinchera, a atender que haya buen acceso a la justicia y mejorar el sistema; “en esta materia mi misión es llevar las conclusiones de este ejercicio tan productivo al pleno de la Suprema Corte”.
Durante el encuentro, los coordinadores parlamentarios de oposición confrontaron a los morenistas y sus aliados sobre la pertinencia de la reforma.
Juan Ramiro Robledo (Morena) aseguró que la motivación para impulsar una reforma al poder Judicial es que en un amplio sector de la población hay un deficiente acceso de la justicia en México sobre todo en materia penal: “También que el sistema actual de Justicia centraliza todas sus resoluciones, que hay una serie de competencias duplicadas porque los jueces de amparo toman materias que no les corresponden o que les corresponden a otros tribunales, la corte también lo hace, por lo anterior consideramos que hay una afectación a la emisión de poderes en muchas de las resoluciones judiciales, todos son puntos polémicos para discutir, sin dejar de lado que el poder judicial Federal no respeta el principio republicano de austeridad”
Al respecto, el Priista Rubén Moreira señaló que, desde su punto de vista, al poder judicial no deben quitarle presupuesto, sino incrementarlo.
“En el tema del presupuesto creo que a los Estados hay que darles más dinero, pero no a costa de la Corte, por el contrario, diría que la Corte requiere más presupuesto para muchas cosas que hay que hacer, y en el tema del sueldo yo creo que necesitamos gente bien pagada que tenga estabilidad del futuro”, aseveró.
El coordinador del PAN, Jorge Romero, aseguró que una reforma judicial debe ser producto de una dialéctica mucho más amplia que los foros que realizó Morena, y no producto de un “capricho” presidencial.
