Se requiere personal especializado y garantizar el interés superior de la niñez: Karina Labastida.
Solo 23.3 por ciento del personal de los centros penitenciarios tiene licenciatura.
Al compartir que solo 23.3 por ciento del personal de los centros penitenciarios cuenta con licenciatura, 2.3 por ciento en psicología, 1.5 por ciento en pedagogía y 2.8 por ciento en trabajo social, la diputada Karina Labastida Sotelo (Morena) señaló deficiencias en la atención psicológica para los menores que viven con sus madres privadas de la libertad, quienes sufren una dolorosa separación cuando ya no permanecer juntos.
La legisladora enfatizó en la relevancia de que el Estado garantice que menores cuenten con todo lo adecuado en materia de salud, educación y alimentación, siempre cuidando el interés superior de la niñez, pues refirió que, de los 392 menores de seis años que permanecieron con sus madres privadas de la libertad en los centros penitenciarios del país en 2020, 16.07 por ciento (63 casos) fueron del Estado de México.
En reunión de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Especial de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia, presidida por la diputada Juana Bonilla Jaime (MC), la legisladora Karina Labastida explicó que su iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes estatal busca que se reconozca la situación especial en que se encuentran quienes viven con sus madres o padres en prisión, garantizar sus derechos y priorizar políticas incluyentes.
Detalló que la iniciativa, elaborada en conjunto con Rodrigo Martínez-Celis Wogau, secretario de Seguridad estatal, es en virtud de que los menores no tienen atención psicológica para el momento de separación entre menores y madres, cuando las y los menores tendrán que salir por no poder acompañar más a sus madres en prisión, por lo que se necesita personal especializado en la materia.
Al respecto, la legisladora Alicia Mercado Moreno (Morena) señaló un incremento de mujeres presas, quienes sufren abuso sexual, golpes, amenazas, humillaciones lo que lleva a la invisibilidad de la niñez que las acompaña al nacer al momento de su reclusión, por lo que consideró necesario darles atención psicológica, diferenciar responsabilidades de autoridades municipales y estatales, además de incluir un capítulo en el que se describa el alcance de los derechos a reconocer con una redacción acorde a la situación local.
