Edomex con la mayor tasa de violencia en contra de las mujeres y las niñas de acuerdo con estudio de INEGI
Casos entre funcionarios deben ser investigado con perspectiva de género
Funcionario que obstaculice investigación interna incurrirá en falta administrativa grave
Toluca.- La iniciativa en fase de análisis presentada por Mónica Angélica Álvarez Nemer, diputada de Morena en el Congreso local, plantea reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios con el objetivo prevenir, sancionar y erradicar actos de acoso y hostigamiento sexual que se pudieran registrar por servidores en inmuebles y espacios públicos de la entidad.
Las y los integrantes de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia presidida por Gerardo Ulloa Pérez, iniciaron en la Cámara de Diputados local la etapa de estudio de la propuesta bajo la premisa de que los ambientes laborales son un área sensible para la violencia de género y, particularmente, los actos de violencia sexual, tales como el hostigamiento y el acoso sexual.
Por ello, se puntualizó al dar lectura a la exposición de motivos de la iniciativa presentada por Mónica Álvarez, el sector público no se encuentra exento de estos riesgos y por ello el Poder Legislativo tiene el deber de adecuar el marco legal que permita instrumentar y ejecutar las medidas afirmativas necesarias para prevenir, investigar y sancionar las conductas violentas en que pudieran incurrir las personas servidoras públicas, independientemente de las sanciones penales que se impongan por ese tipo de comportamiento.
La propuesta de Mónica Álvarez plantea incorporar la perspectiva de género en el trámite y resolución de los procedimientos administrativos disciplinarios que se prevén en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios y plantea sancionar a aquellos no colaboren y/o oculten información relacionada con la investigación interna.
También pretende lograr una mayor efectividad en la imposición de sanciones por las faltas administrativas graves de acoso y hostigamiento sexual previstos en dicho ordenamiento, buscando de manera precisa lo siguiente.
El deber de las autoridades investigadoras para evitar revictimización de personas afectadas por actos de violencia sexual, así como recabar, de oficio, las pruebas necesarias que permitan el mejor conocimiento de la verdad.
