La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de irresponsable y de faltar a su código de ética por la filtración del proyecto de sentencia que busca invalidar el primer tramo del Plan B de la reforma electoral.
En un comunicado, criticó que “la filtración de información reservada es una práctica ilegal que afecta el principio de imparcialidad de los funcionarios que imparten justicia en nuestro país; el artículo 206, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública prohíbe, entre otras conductas, usar, sustraer o divulgar, total o parcialmente, la información que se encuentre bajo la custodia de los servidores públicos”.
Al publicarse la propuesta de sentencia, antes de que la conocieran los ministros y la Corte difundiera de manera institucional, se contaminó “el proceso deliberativo de los integrantes del pleno, pues los demás ministros no conocían el proyecto que se divulgó ante la opinión pública”.
La Consejería pidió “que la SCJN inicie, de oficio, la investigación interna que corresponda a efecto de deslindar responsabilidades y evitar, en futuros casos, este tipo de conductas ilegales”.
A su vez, acusó a la Corte de juzgar con “rigidez los actos de otros Poderes y, al no existir instancia legal que revise su actuar lícito,corresponde al pueblo de México exigir a cada juez el apego irrestricto a la nuestra Constitución y demás leyes que de ella emanan”.
En la víspera, se conoció que el ministro Alberto Pérez Dayán propondrá al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anular la primera parte del Plan B de la reforma electoral.
