Al igual que el arranque de las campañas para renovar la gubernatura en la entidad, a las 00:00 horas de este 3 de abril inició la veda electoral en el Estado de México la cual tendrá una duración de 62 días.
Durante esta etapa de veda electoral, queda suspendida la difusión de toda propaganda gubernamental federal, estatal o municipal, en los medios de comunicación social, para no influir en la renovación de la gubernatura mexiquense y garantizar un voto libre.
Dicho periodo de veda electoral concluirá el 4 de junio, a las 18:00 horas cuando hayan cerrado los centros de votación; en tanto, la suspensión de los programas sociales será a partir del 27 de abril y hasta después de la elección. También sólo podrán funcionar los relativos a emergencias.
La legislación federal señala que las transmisiones en los servicios de televisión restringida deberán suprimir, durante los periodos de campaña, tanto federal como local, los mensajes de propaganda gubernamental, por lo cual tampoco podrá existir difusión del gobierno federal en la entidad.
Mientras que el artículo 261 del Código Electoral del Estado de México, ordena que desde el inicio de las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral, las autoridades estatales y municipales, así como las y los legisladores locales deberán suspender la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental.
Las únicas excepciones son las campañas de información de las autoridades electorales a las relativas a los servicios de educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia, para responder a necesidades específicas.
Es oportuno señalar que esto no implica que las autoridades deberán dejar de laborar, simplemente que las actividades no se llevarán a cabo en eventos masivos ni se hará invitación a los medios de comunicación para asistir a dar cobertura a estas acciones, ni los medios deben buscar promover por su cuenta la actividad gubernamental.
Para vigilar esto, los órganos electorales llevan a cabo un monitoreo en medios de comunicación, donde se incluyen redes sociales, impresos, electrónicos y medios alternos, con el fin de vigilar que nadie infrinja la ley y las coberturas sean con equidad, sin violencia de género y garantizando los principios democráticos de imparcialidad, certeza, transparencia y legalidad.
