Por: David Esquivel
Naucalpan.- Un juez federal negó otorgar el amparo indirecto solicitado por la exalcaldesa de Naucalpan Patricia Durán Reveles, quien acusó supuesta difamación y pidió suspender la difusión de información que afectara su imagen, luego de que el actual gobierno municipal denunció públicamente daño patrimonial durante la anterior administración local por 4 mil 300 millones de pesos.
La presidenta municipal, Angélica Moya Marín, informó que en días pasados fue notificada sobre un amparo indirecto promovido por Durán Reveles en contra de ella y varios integrantes del actual gobierno municipal.
“La motivación de este recurso fue una supuesta difamación en contra de la ex presidenta municipal Patricia Durán, debido a las denuncias públicas que hemos presentado por el presunto desfalco económico y los daños a la hacienda municipal cometidos durante su gobierno; la quejosa solicitaba al juez suspendiera la difusión de información que manchaba su imagen”.
Moya Marín aclaró que “en ningún momento hemos utilizado la imagen de la ciudadana Patricia Durán Reveles en perjuicio de su privacidad; por el contrario, cumpliendo con nuestra responsabilidad de informar de manera objetiva a los naucalpenses, en mi gobierno nos hemos encargado de comunicar puntualmente los presuntos actos de corrupción cometidos por los morenistas en su calidad de servidores públicos”.
Gabriel García Martínez, director general Jurídico y Consultivo de Naucalpan, detalló que el juez séptimo de distrito, al resolver sobre los efectos de la suspensión provisional, no la otorgó en razón de que Durán Reveles tenía la calidad de servidora pública y está expuesta a la crítica.
“Por tratarse de una persona que, por sus actividades públicas y el rol que desempeña en una sociedad democrática, está expuesta al control más riguroso de sus actuaciones y manifestaciones”, dijo.
Moya Marín recordó que mientras habitantes de Naucalpan exigieron al anterior gobierno municipal la atención de los servicios básicos, los trabajadores municipales pidieron recibir salarios y prestaciones, y los proveedores del ayuntamiento demandaban el pago correspondiente, “los entonces servidores públicos cometían el desfalco más grande que ha registrado nuestro municipio”.
