El legislador Miguel Sámano señaló que la fracción priista por el Estado de México propone en su iniciativa una sanción de sesenta a doscientos días multa, para quien incurra en este delito electoral.
La diputada Melissa Vargas informó que solicitaron el padrón y lista de electores ante la próxima elección en el Estado de México, para ubicar ingresos y egresos que se han registrado de enero a diciembre de 2022.
La representante mexiquense Ana Lilia Herrera puntualizó que en las elecciones los enemigos no son los partidos políticos, sino la triple “A”, del atraso, autoritarismo y apatía.
El diputado federal Miguel Sámano Peralta informó que presentaron una iniciativa para imponer una multa de sesenta a doscientos días y prisión de tres a siete años, a quien notifique al Instituto Nacional Electoral (INE) su cambio de domicilio y proporcione documentación y/o información falsa al Registro Federal de Electores con la intención de votar en una elección que no le corresponde.
En conferencia de prensa, acompañado de legisladores de la fracción priista por el Estado de México, el coordinador de los mexiquenses señaló que el turismo electoral, es una práctica que afecta la vida democrática, altera el padrón electoral y pone en entredicho los resultados de la elección.
Aseguró que esto contrasta con la importancia de la integración del Padrón Electoral, con datos fidedignos que guarden congruencia con la residencia real de los ciudadanos y que éstos no sean alterados por intereses políticos. Indicó que de acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (actualmente Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales), el turismo electoral es el principal delito que se denuncia.
Por ello, Sámano Peralta precisó que en su propuesta se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 13 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, por ser insuficientes las sanciones. Puntualizó que estas acciones, en la mayoría de los casos, se realizan mediante la participación, promoción, presión y/o auspicio de partidos políticos, candidatos y actores sociales.
En su oportunidad, la legisladora Melissa Vargas apuntó que esta práctica se da en varias latitudes, por lo cual, adelantó, solicitaron el padrón y lista de electores ante la próxima elección en el Estado de México, para ubicar los ingresos y egresos que se han registrado de enero a diciembre de 2022.
Esto, subrayó, como una medida preventiva, luego de lo que sucedió en las elecciones de 2022, en el estado de Hidalgo, donde se presentó un crecimiento inusual, previo al proceso, en la lista de electores y un descenso drástico después de que el candidato de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, Julio Menchaca, recibiera su constancia como gobernador electo.
A su vez, la diputada mexiquense Ana Lilia Herrera Anzaldo puntualizó que en las elecciones los enemigos no son los partidos políticos, sino la triple “A”, del atraso, autoritarismo y apatía.
Aunado a ello, agregó, los intentos por coaccionar el voto con la amenaza a las personas de quitarles sus derechos a los programas sociales, que el PRI votó para blindarlos. Por ello, mencionó que en las elecciones del 2023, lo que se debe defender son las libertades de las personas para sufragar y que nadie sea presionado con alguna prebenda a cambio de su credencial.
El proyecto de decreto lo suscriben los integrantes de la bancada priista por el Estado de México Miguel Sámano, Melissa Vargas, Brasil Acosta, Ricardo Aguilar, Frinné Azuara, Laura Barrera, Sue Ellen Bernal, Gustavo Cárdenas, Alan Castellanos, Ana Lilia Herrera, Carlos Iriarte, Jazmín Jaimes Albarrán, Cristina Ruíz y Eduardo Zarzosa Sánchez.
