En él se sientan bases de beneficio mutuo en materia de docencia, investigación, cursos, peritajes, asesoría y apoyo técnico, entre otros.
Guadalupe Rosas Suárez/Toluca
Foto: Arturo Hernández
Para desarrollar acciones de docencia, investigación, cursos, peritajes, asesorías y apoyo técnico, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Carlos Eduardo Barrera Díaz, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura estatal, Ricardo Sodi Cuellar, firmaron un convenio general de colaboración institucional.
Barrera Díazen enfatizó que esta suscripción abre la posibilidad de la imaginación y el trabajo para avanzar en diversas temáticas. Representa un mecanismo que sienta las bases para un beneficio mutuo para el desarrollo de acciones académicas y científicas encaminadas a cumplir la misión, visión y objetivos de ambas instituciones.
Con acciones como esta, dijo Barrera Díaz, la UAEM ratifica el compromiso de cumplir los anhelos universitarios de reactivar relaciones con los tres poderes de gobierno y en los tres niveles administrativos, “siempre con respeto al carácter de cada institución y a la dignidad de nuestra autonomía”.
Por su parte, el presidente del Poder Judicial, Ricardo Sodi Cuellar, subrayó que con la firma de este convenio general de colaboración se pueden generar conocimientos que aporten a los grandes temas nacionales de interés de la sociedad.
Asimismo, resaltó que con este convenio se establecerán líneas de pensamiento y cooperación mutua que contribuyan a ubicar al Estado de México a la vanguardia nacional.
“Vamos a generar preguntas y a buscar las respuestas, con base en el conocimiento y en la doctrina, aportando la experiencia y factibilidad de los casos, la realidad social que se ve en una sentencia”, dijo tras señalar que será un compromiso común importante para generar vínculo, líneas de investigación y generar tanques de conocimiento sobre los grandes temas nacionales.
En tanto, Luz María Jaimes Legorreta, abogada general de la Universidad, reconoció la función de quienes imparten justicia y que a través de sus determinaciones corrigen los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales pueden tener en detrimento de las personas, principalmente de las mujeres.
Generarán vínculo, líneas de investigación y conocimiento sobre los grandes temas nacionales.
