Mario Maldonado
Al presidente Andrés Manuel López Obrador le urge que la
Fiscalía General de la República llame a declarar a los ‘peces
gordos’ ligados al caso Lozoya. El 6 de enero pidió a la instancia
que encabeza Alejandro Gertz Manero “informar sobre el estado
de la investigación”, a lo que la FGR respondió que en los
próximos días judicializaría las carpetas de quienes fueron
denunciados por el exdirector general de Pemex.
Los primeros en la lista son el exsenador Jorge Luis Lavalle y
otros exlegisladores, la mayoría panistas y priistas, quienes
fueron denunciados por presuntamente haber recibido sobornos
para aprobar la reforma energética. Otros exfuncionarios
involucrados por Lozoya son Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto,
a quienes acusó de ‘instrumentalizarlo’ para cometer actos de
corrupción, entre ellos recibir financiamiento ilegal de Odebrecht
para la campaña presidencial y comprar empresas chatarra a
nombre de Pemex como un pago de favores a empresarios
aliados.
A seis meses de que Emilio Lozoya fuera extraditado a México y
a cuatro meses y medio de las elecciones intermedias, el tiempo
juega contra la FGR y del presidente López Obrador, quien
apuesta a que parte del desenlace de este caso emblemático de
corrupción tenga efecto en las votaciones del 6 de junio.
La pregunta clave es si la FRG va a judicializar las denuncias
contra los dos hombres más mediáticos y poderosos del sexenio
Peña Nieto y Luis Videgaray encabezan la lista de 70 nombres
que podrían ser llevados ante los tribunales por los sobornos
de Odebrecht, y representan un valioso trofeo
pasado: el exsecretario de Hacienda y excanciller, Luis Videgaray,
y el expresidente Enrique Peña Nieto.
Al primero, la Fiscalía ya intentó girarle una orden de
aprehensión en octubre del año pasado, pero no logró integrar
bien el expediente. La versión oficial es que la FGR se desistió de
la solicitud ante un juez.
Con respecto a Peña Nieto, su futuro es incierto. Fuentes de
Palacio Nacional aseguran que Andrés Manuel López Obrador
está dispuesto a desconocer cualquier tipo de pacto para que la
FGR llame a declarar al expresidente de México en las próximas
semanas.
Todavía a finales del año pasado, Peña Nieto tuvo la intención de
viajar de Madrid –donde reside– a Punta Mita, Nayarit, para
reunirse con su familia y pasar unos días de descanso en su
destino de playa favorito para jugar golf.
“Soy orgullosamente mexiquense, pero esta es mi segunda casa”,
llegó a decir sobre el paradisiaco lugar.
El permiso para vacacionar en tierras mexicanas debió haber sido
negado, pues terminó trasladando su lugar de descanso y
celebración decembrina a otra playa de nombre similar: Punta
Cana, en República Dominicana.
La exposición mediática del exmandatario no resultaba
conveniente para el gobierno de la 4T, mucho menos en un
escenario en que la procuración de justicia no atraviesa su mejor
momento, con tropiezos para judicializar a los involucrados en el
caso Lozoya y la bomba que significó el caso del
general Salvador Cienfuegos.
En ese viaje familiar, Peña Nieto tuvo los lujos que siempre lo
acompañaron como gobernante: playa privada, hotel de cinco
estrellas por más de dos semanas –con costo de casi 8 mil
dólares la noche de hospedaje– y las fotos de la familia en
Instagram, que echaron por la borda lo que se había prometido
como un viaje con toda discreción.
Peña Nieto y Luis Videgaray encabezan la lista de 70 nombres
que podrían ser llevados ante los tribunales por los sobornos de
Odebrecht, y representan para el gobierno un valioso trofeo en
medio de un proceso electoral crucial para la trascendencia de la
4T.
En caso de no concretarse estas detenciones o vinculaciones a
proceso, la Fiscalía tendría que retomar las acusaciones contra
Emilio Lozoya, quien ya desde ahora se ve como una especie de
premio de consolación para el gobierno.
