el sistema de justicia penal en México no ha dejado de generar víctimas de violaciones a los derechos humanos, al debido proceso y a la libertad e integridad personales
IMPULSO/Toluca
Diputados de las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Derechos Humanos de la 60 Legislatura estatal se pronunciaron por un ejercicio de parlamento abierto para el estudio y análisis de las iniciativas de leyes de amnistía presentadas en diferentes momentos por los grupos parlamentarios de morena, PT y PRD y por el ciudadano José Humbertus Pérez Espinoza, con el fin de conocer y recibir opiniones tanto de la sociedad civil, como de servidores del Poder Judicial, la Fiscalía General de Justicia, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y otras dependencias, para elaborar un ley que beneficie realmente a la sociedad, la entidad y a quienes han sido presos injustamente.
En la primera reunión de trabajo de estas comisiones, su presidente, el diputado Sergio García Sosa (PT), adelantó que, por tratarse de iniciativas con el mismo objeto, para su dictamen se aplicarán los principios de técnica legislativa y economía procesal, de modo que se integrarán en un mismo dictamen y un solo proyecto de decreto.
En la reunión tuvieron la palabra la diputada Mariana Uribe Bernal y Max Agustín Correa Hernández, para exponer el contenido y sentido de la iniciativa presentada junto con sus compañeros Gerardo Ulloa Pérez y Liliana Gollas Trejo, todos de la bancada de morena. Uribe Bernal señaló que el sistema de justicia penal en México no ha dejado de generar víctimas de violaciones a los derechos humanos, al debido proceso y a la libertad e integridad personales, muchas delas cuales son personas vulnerables y en situación de pobreza.
Agregó que la ley federal en la materia dispone que se promueva en cada entidad un ordenamiento semejante, a lo cual responde su propuesta dirigida al beneficio de adolescentes, mujeres, personas de grupos vulnerables y marginados, de pueblos originarios, con discapacidad, adultos mayores o que hayan cometido delitos por coerción de alguien o por grupos de la delincuencia organizada. Aclaró que la amnistía no procederá en casos de delitos contra la vida o la integridad corporal (salvo casos del artículo 6 del Código Penal estatal), secuestro de menores, uso de violencia, violación de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad o delitos graves, entre otros supuestos.
Apuntó que, en la entidad, desde 2018 al menos cien mujeres fueron encarceladas por aborto, en tanto que el Grupo de Información de Reproducción Elegida estima en más de cuatro mil las mujeres denunciadas entre 2007 y 2017. Por otro lado, la extinta Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas reportó que, en 2017, de más de 200 mil sentenciados en México, aproximadamente 6 mil 600 pertenecían a algún pueblo originario.
Su compañero Max Correa señaló que la iniciativa establece condiciones y procedimientos para ejercer la ley, periodos precisos para solicitarla amnistía y resolverla, y no considera la creación de alguna comisión especial para dar seguimiento a las solicitudes, ya que eso provoca retrasos. Su aprobación, explicó, no implica que los instrumentos existentes de preliberación ya no puedan utilizarse.
