Por Ana Lilia Herrera Anzaldo
Diputada federal mexiquense
El silencio, la sumisión o la justificación del austericidio impuesto por el lopezobradorismo al presupuesto del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) es ilegal y puede ser mortal.
El deber de cumplir la ley no es una ocurrencia ni mera formalidad; nuestras normas son resultado de numerosos diagnósticos y luchas sociales para acabar con injusticias y desigualdades; por eso, cuando un servidor público de alto rango rinde protesta, empezando por el presidente de la República, jura cumplir los mandatos de la Constitución y de las leyes que de ésta emanen.
En este caso, el Artículo 58 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, advierte que: “no se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; las erogaciones correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas y la Atención a Grupos Vulnerables, salvo en los supuestos establecidos en la presente Ley y con la opinión de la Cámara de Diputados”.
Hace un par de semanas, mujeres de todo el país alzamos la voz para exigir al gobierno federal que no recortara el subsidio federal que en marzo pasado se asignó para atender la Alerta de Violencia de Género en el Estado de México, Veracruz, Zacatecas, Nuevo León, Nayarit, Jalisco y Puebla.
El gobierno desistió de su intención pero, días después, anunció el recorte del 75% del presupuesto para gastos operativos de los organismos públicos, lo que para el Inmujeres significa prescindir de 151 millones de pesos, sin contar que la institución responsable del diseño de políticas para la igualdad y la erradicación de la violencia contra las mexicanas, tiene hoy la mitad de su presupuesto retenido por la Secretaría de Hacienda.
Ahora resulta que “estábamos mejor cuando estábamos peor”: el sexenio pasado Inmujeres tenía convenio para apoyar con recursos a 509 municipios y ahora se deja en franco estado de indefensión a todos los ayuntamientos que, gracias a estos recursos podían realizar capacitaciones para servidores públicos, equipar sus institutos locales o brindar atención, asesorías legales y psicológicas en la materia.
Al igual que con la desaparición de las estancias infantiles, ocurrida antes de la pandemia, la pregunta ante el desmantelamiento es: ¿cómo y con qué impulsará el Estado mexicano una educación basada “en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva”, como quedó establecido en la más reciente reforma al artículo 3º constitucional?
¿Alcanza la fe en la “fraternidad familiar” para que el gobierno evite la reproducción de desigualdades tan cotidianas como niñas y mujeres relegadas a espacios privados, condenadas al trabajo infantil, víctimas de matrimonios y embarazos no deseados o bien, asignadas a trabajos informales, subvalorados y en la necesidad de abandonar sus estudios o sin las oportunidades necesarias para acceder a puestos de liderazgo?
¿Quién y cómo en el gobierno asumirá la responsabilidad de “hacer más con menos” para visibilizar las desigualdades, generar conciencia al respecto, evitar la normalización, pero, sobre todo, implementar acciones y programas de apoyo cercanos, que transformen la realidad de millones de mexicanas cuyas relaciones sociales y personales están muy alejadas de parámetros aceptables de igualdad y justicia o de “bienestar y felicidad” como mide AMLO?
A lo mejor convendría que, con los recursos que les quedan a las feministas que aún no renuncian a la cuatroté, implementaran una capacitación sobre los derechos de las mujeres “como barrer las escaleras: de arriba hacia abajo”, a fin de que este régimen no convierta los avances en el acceso a nuestros derechos en buenas intenciones plasmadas en papel.
Twitter: @AnaLiliaHerrera
