Por Duncan Wood
Director del Instituto México en el Centro Woodrow Wilson
En Ciudad de México, Ottawa y Washington existe un ambiente de celebración mientras los gobiernos de los tres socios norteamericanos se preparan para la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) este 1 de julio. De la misma manera, las empresas anuncian no sólo la continuación del libre comercio en Norteamérica, sino la modernización de una relación que se remonta a la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994.
El entusiasmo sobre el futuro de la región no es injustificado. Sabemos que la relación económica entre los socios del T-MEC representa un sorprendente valor de 1.2 billones de dólares en comercio y está respaldada por más de 14 millones de empleos. En principio, la modernización del TLCAN al T-MEC busca proteger esos empleos y profundizar la competitividad y la prosperidad de los tres países.
Sin embargo, este remanso de tranquilidad y júbilo puede solamente representar la calma antes de una tormenta. No olvidemos que la administración de Trump ha perseguido una estrategia agresiva en materia de comercio internacional basada en los principios del nacionalismo económico.
El hecho de que México no termine de implementar y ejecutar plenamente la nueva legislación en materia laboral —uno de los requisitos para la ratificación del acuerdo— ya está llamando la atención de algunos sindicatos y empresas del otro lado del Río Bravo.
Para complicar aún más cosas en México, otros sectores comenzaron a aumentar la presión a medida que se acercaba el primero de julio. Por ejemplo, la industria farmacéutica está buscando la ayuda del representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer Lighthizer, para presionar al gobierno mexicano para que mejore y agilice el proceso regulatorio y de permisos para la exportación de nuevos medicamentos.
Acciones similares están siendo preparadas por las principales empresas de la economía digital que buscan proteger sus intereses en México con el respaldo del gobierno de Estados Unidos. Les preocupa un asunto en particular: el año pasado, el Congreso mexicano presentó una iniciativa de reforma a Ley de la Propiedad Industrial. Llegó el primero de julio y no se han apagado las alarmas sobre el contenido de la reforma y cómo podría resultar perjudicial para la inversión extranjera y potencialmente violar el T-MEC —incluida la vinculación de patentes (patent linkage) y la cláusula Bolar—. De igual forma, representantes de la industria energética, han apelado a Trump para que actúe ante un contexto cada vez más hostil hacia la inversión privada en el mercado energético nacional.
Las cartas credenciales de Lighthizer demuestran que el abogado de Georgetown prospera en situaciones de conflicto y es particularmente habilidoso para usar las reglas del comercio internacional a su favor. No cabe duda de que Lighthizer se siente confiado de que tanto él, como el gobierno de Estados Unidos, pueden ganar disputas comerciales contra sus dos socios norteamericanos, especialmente contra un gobierno mexicano que ha recortado severamente los recursos de su equipo de negociación comercial internacional.
Por último, si bien el liderazgo en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Economía (SE) cuenta con un equipo gerencial sólido y con profundo conocimiento sobre las relaciones comerciales en Norteamérica, la banca del equipo de México no cuenta con suficientes revulsivos. En el pasado, el gobierno mexicano reconocía la importancia de atraer y retener a los mejores talentos en materia de comercio internacional. La administración actual haría bien en prepararse adecuadamente. Para sobrevivir a la tormenta que se avecina, México debe comenzar a invertir más en capital humano y en garantizar que sus marcos legales y regulatorios sean consistentes con las demandas del nuevo régimen comercial para Norteamérica.
