Por José Antonio Crespo
Profesor afiliado del CIDE
Uno de los elementos esenciales de la democracia es la capacidad institucional de remover legal y pacíficamente a los gobernantes abusivos o ineficaces. Cuando en una sociedad la continuidad en el poder de un mal gobernante se juzga mayoritariamente dañina, hay tres opciones; A) que el gobernante siga hasta que termine su mandato (o de por vida, si su cargo es vitalicio); B) removerlo pacíficamente a partir de las reglas vigentes; C) derrocarlo por vía violenta (revoluciones, golpes de Estado, magnicidios). La segunda opción es la menos costosa pero sólo opera en regímenes democráticos. Y por cierto, en los sistemas presidencialistas la remoción sólo puede ocurrir por violaciones graves a la ley, pero no por malas decisiones políticas, así éstas dañen gravemente a la sociedad, salvo donde existe la revocación de mandato, bajo sus tiempos y condiciones. En cambio, en los sistemas parlamentarios es posible remover a un jefe de gobierno incluso por sus malas decisiones en cualquier momento, así no haya violado ninguna ley ni incurra en un claro abuso de poder. Es una de las ventajas del parlamentarismo.
En los regímenes no democráticos, para remover a un mal gobernante de manera anticipada sólo queda la vía ilegal o violenta. Esto último genera elevados costos sociales. Y sin embargo, eso ha ocurrido en varias ocasiones en la historia, cuando una sociedad decide que preservar al gobernante en el poder hará mucho más daño que derrocarlo. Es frecuente que incluso en una democracia los opositores y disidentes consideren que el gobernante en turno es muy dañino al país y deseen que termine antes de tiempo. Pero mientras tales expresiones queden en eso (“Fuera”, “Que renuncie”, etcétera), no afecta el orden institucional (AMLO lo dijo varias veces). Es sólo si tal deseo se deriva en acciones concretas para remover al jefe de gobierno por vía ilegal, cuando se puede hablar de golpismo.
¿Hay ese riesgo en México, tras cien años de preservar su estabilidad política? AMLO y sus voceros ven un plan golpista aún en las expresiones de descontento más usuales o aceptadas dentro del juego democrático. Actos que el obradorismo practicó desde la oposición, pero entonces no estaba mal. Los opositores y disidentes legalistas promueven quitar a Morena la mayoría absoluta en 2021, o revocar el mandato de AMLO. Sin embrago, ciertos grupos radicales dentro del complejo y heterogéneo bloque disidente sí desean que AMLO se vaya antes de eso, e incluso por las malas (es decir, por medios ilegales). Algunos desean que AMLO se vaya como sea, por enfermedad, incapacidad mental o muerte natural. Otros incluyen la renuncia forzada o el golpe de Estado.
Dentro de los disidentes, hay quienes sostienen que una remoción ilegal de López Obrador provocaría inestabilidad política y graves problemas de gobernabilidad. Al parecer la mayoría de comentaristas críticos así lo vemos. Pero varios disidentes de distintos sectores consideran que incluso la remoción para 2022 sería demasiado tardía, no digamos en 2024, y que debe buscarse la remoción de AMLO ya, y como sea. Hay grupos que eso promueven abiertamente. Y si la crisis económica se profundiza, y tardan los signos de recuperación, quienes así piensan probablemente tenderán a aumentar. Hay de hecho una polémica entre quienes dentro del bloque disidente se pronuncian por la vía legal y los que aceptan cualquier ruta para que AMLO salga del poder. No veo condiciones para que la vía ilegal fructifique; los dos actores clave de ello, EU y el Ejército, están con AMLO. Pero sí tiende a generarse mayor confrontación y polarización social de la que hemos padecido, algo nada saludable para el país, y menos en tiempos de crisis.
Twitter: @JACrespo1
