Por Francisco Rivas
Director general del Observatorio Nacional Ciudadano
En febrero se dio a conocer una nueva enfermedad, el Covid-19. En pocos días una enfermedad que parecía una noticia escándalo llevó al cierre de una provincia completa de China y escenas de película de futuro distópico en varios países europeos.
Fiel al sentido de humor que nos caracteriza, chistes y memes inundaron las redes sociales, gracias a una pésima respuesta del presidente y otras autoridades.
Tras semanas de mensajes dignos de una película cómica, el gobierno, en voz del subsecretario de salud, insiste en quedarnos en casa.
Mientras todos los países afectados por la pandemia establecen medidas económicas y fiscales con el fin de paliar los efectos adversos de esta crisis, en México aún no se ha contemplado nada: ni solución al desabasto de medicamentos e insumos del sector salud, ni subsidios a pequeñas y medianas industrias afectadas por la falta de consumo, ni créditos fiscales para ciudadanos y empresas.
Al gobierno federal le importa más cumplir con sus obras de infraestructura, que apoyar a los contribuyentes que en este momento están viendo afectados sus ingresos y que de todos modos deberán pagar impuestos.
Más allá de las consecuencias económicas que ciudadanos y país habremos de enfrentar, es probable que existan consecuencias negativas en materia de seguridad y justicia.
La primera está relacionada con los recursos que el Estado destina a este tema. En 2019 apenas se destinó el 0.89% del PIB y para 2020 se programó un 0.97%, recursos por insuficientes ante la profunda crisis de incidencia delictiva y violencia que vive el país.
La segunda tiene que ver con los riesgos para la salud de policías, peritos, ministerios públicos, jueces, policía penitenciaria del país, personal administrativo y de apoyo del sector seguridad y justicia.
Centenares de miles de personas que resultan insuficientes ante el tamaño de población y ante la cantidad de delitos que se cometen en nuestro país. Debemos recordar que México tiene la mitad de policías por cada 10 mil habitantes comparado con las principales economías del planeta, cuando ninguno de ellos tiene una crisis de violencia similar a la nuestro, pensemos ahora qué podría suceder si tan sólo el 30% del personal de seguridad y justicia debiese resguardarse tras resultar infectado de Covid-19 ¿cómo piensan subsanar los gobiernos la ausencia de policías en las calles, de personal ministerial en procuradurías y fiscalías o custodios en los penales? ¿Cómo aumentará la posibilidad de cometer delitos, aumente la impunidad o el autogobierno en penales?
Tercero, tras una crisis económica es común que crezcan los delitos patrimoniales, más cuando esto ocurre en un contexto de ya alta impunidad e incidencia delictiva.
Ante una crisis sin precedente de delitos y violencia, la falta de recursos humanos, de formación, técnicos, tecnológicos y un entorno de crisis económica el riesgo que la inseguridad se agrave aún más no debe descartarse.
Dado que los abrazos y las estampas no han funcionado para frenar la pandemia ni la crisis de violencia es urgente que los niveles de gobierno y los poderes del Estado establezcan una estrategia ante lo que puede llegar a suceder también en materia de seguridad y justicia.
Hasta el momento ni el pensamiento mágico, ni los chistes han logrado cumplir la promesa de un México pacífico y próspero, es hora de que las autoridades actúen con seriedad y estén a la altura del reto que asumieron.
