Lourdes Morales Canales
El 4 de octubre de 1968, apenas unas horas después de la matanza de Tlatelolco,
Octavio Paz, entonces embajador de México en la India renunció a su cargo.
Movido por la vergüenza convertida “en ira contra uno mismo” el poeta
se desmarcó públicamente de un gobierno asesino. La “limpidez” del
poema de Paz quedó manchada cuando el investigador Jacinto Rodríguez Munguía
encontró en las entrañas del Archivo General de la Nación (AGN), el documento
de cambio de situación personal del Embajador Paz. Contrario a sus dichos, el
poeta no rompió con el sistema. Cambió su disponibilidad —como lo permitía la
ley— y siguió cobrando hasta que alcanzó los 30 años de servicio en las filas
diplomáticas.
Documentos como este y otros de gran valor para familiares y víctimas de los
años negros de la guerra sucia en México, empezaron a abrirse desde 1998. En el
2002, millones de secretos provenientes de las siniestras Dirección Federal de
Seguridad y Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales quedaron
a disposición de investigadores, académicos y público en general. Pedazos de
memoria fueron reconstruyéndose gracias a la perseverancia y vocación de
científicos sociales. En el 2015, lo que el Cisen no se atrevió a hacer, lo
hizo el AGN: cerró de pronto el acceso directo a estos documentos. Durante tres
años, los nostálgicos de la tiranía que desde Bucareli comandaban al AGN se
negaron a aprobar una Ley General de Archivos capaz de garantizar el derecho a
la verdad sin límites. En vísperas de las elecciones, las coordenadas cambiaron
y quedó aprobada la ley. Se evitó la purga de los archivos, se estableció la
documentación de los actos de autoridad y se reconoció que los archivos
históricos son de acceso público sin restricciones.
Congruente con esta disposición, en febrero del 2019, el presidente Andrés
Manuel López Obrador instruyó a todas las dependencias de la administración
pública federal que transfirieran al AGN documentos históricos relacionados con
violaciones graves a derechos humanos, persecuciones políticas vinculadas a
movimientos sociales y actos de corrupción. Esto para facilitar su consulta
pública. Pues bien, hace un par de semanas, un grupo de historiadores hizo
público el calvario que representa acceder a la información en el AGN.
Contrario a lo que dice la ley —y ordenó el presidente—, el AGN ha retirado de
circulación más de tres mil versiones públicas que eran de libre acceso. Se han
testado documentos —es decir tachado datos— haciendo los textos incomprensibles,
se ha negado la existencia de archivos que fueron consultados con anterioridad
y se ha pretextado —sin fundamento— que la información solicitada “no es
de interés social”.
El colmo saltó a la luz pública cuando un ciudadano trató de acceder a información
de la extinta DFS sobre el exprocurador Jesús Murillo Karam, mejor conocido
como el autor de la mentira histórica sobre la desaparición de los estudiantes
de Ayotzinapa y del fallecido priista Jorge Rojo Lugo. El AGN respondió que
solo podría dar versiones públicas y que el ciudadano tenía que pagar por
copias certificadas.
Alguien adentro del AGN no está leyendo bien la Ley General de Archivos. O
bien, nostálgicos de la tiranía, han diseñado ex profeso políticas de consulta
regresivas. No conformes con esto, han convocado, de la mano del INAI, a foros
de consulta para analizar qué hacer con documentos que contengan datos
personales sensibles. Ni uno ni otro están cumpliendo con lo que ya dice la
ley. Va otra vez: los archivos históricos son de acceso público, sin
restricciones. ¿Acaso esto es tan difícil de entender?