IMPULSO/ AGENCIA SUN
CDMX
Las medidas adoptadas por México para contener el flujo migratorio hacia Estados Unidos no sólo exponen a los migrantes un mayor peligro, sino que termina beneficiando a los grupos criminales, que “explotan” a estas personas y ante quienes el gobierno está “perdiendo terreno”.
Así lo asegura un informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) con base en una investigación que realizó su personal en la frontera sur mexicana en agosto de este año para evaluar el impacto del aumento del control migratorio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El reporte menciona que López Obrador llegó a la presidencia con la promesa de un trato más humano a la migración y de atender las causas de raíz. Pero las amenazas del mandatario estadounidense Donald Trump de imponer aranceles a menos de que detuviera el flujo de migrantes que buscan quedarse en Estados Unidos, lo hizo virar a una estrategia enfocada más bien en la detención.
Las consecuencias, señala WOLA en su informe titulado “El muro antes del muro: El aumento de medidas contra la migración en la frontera sur de México”, han sido desastrosas para los migrantes, quienes se han visto obligados a viajar a zonas remotas y más peligrosas; para las estaciones migratorias, que están rebasadas, y para la Guardia Nacional, que tuvo que asumir un papel “que no estaba preparada para desempeñar”.
Además, dadas las dificultades cada vez mayores que pone la administración Trump a los migrantes para poder quedarse en Estados Unidos, México está recibiendo una cifra récord de solicitudes de asilo -WOLA estima que serán más de 70 mil al finalizar el año, 125% más que en 2018-, que el sistema mexicano no está preparado para abordar.
“Una oleada de solicitantes de asilo en México ha puesto al organismo de refugiados del país al borde del colapso, y el gobierno mexicano aún no ha asignado recursos sustanciales para fortalecer sus capacidades”, advierte WOLA.
Este desborde ha derivado en que muchas veces los migrantes detenidos no son informados sobre sus derechos. Y aquellos que podrían calificar para recibir protección corren el riesgo de ser deportados o de tener que pasar meses en la incertidumbre.
Entre los demás hallazgos del equipo que visitó la zona están los relacionados con los casi 12 mil elementos de la Guardia Nacional desplegados en la frontera sur mexicana. “La gran mayoría son soldados en activo o policías militares, muchos de los cuales sólo han sido reasignados temporalmente para ayudar con el control migratorio.
“Esto genera dudas sobre si los guardias—la mayoría de los cuales ha recibido principalmente entrenamiento militar— han recibido capacitación adecuada en materia de derechos humanos o instrucciones para interactuar con poblaciones vulnerables”.
Los migrantes, en tanto, han tenido que buscar otras rutas y los delitos de que son víctimas no han disminuido: asaltos, robos, violaciones y secuestros a manos del crimen organizado o delincuentes comunes continúan, y casi todos quedan impunes, explica WOLA.
Los llamados “coyotes” también se han visto beneficiados. “El gobierno de México puede ganar el favor del gobierno de Trump deteniendo y deportando a un número récord de personas, pero pierde terreno ante los grupos criminales que explotan a los migrantes temerosos.
“Para los traficantes de personas, estas políticas punitivas son sólo un obstáculo: no van a la quiebra”, detalla en la presentación del informe Adam Isacson, director para Veeduría de Defensa de WOLA, quien añade que “el gobierno mexicano debe abandonar estas desastrosas medidas antes de que los costos humanos aumenten más”.
En el mismo sentido, Maureen Meyer, directora para México y Derechos de Migrantes de WOLA, dice que “en lugar de brindar protección a migrantes que están huyendo de la violencia y la persecución, el gobierno mexicano los está poniendo en más peligro con su enfoque principal de detener y deportar.
