Impulso/ Redacción
Toluca
Las Comisiones Unidas de Planeación y Gasto Público, de Finanzas Públicas y de Seguimiento de la Operación de Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) de la 60 Legislatura sugirieron que para el proyecto de rehabilitación y conservación de la carretera libre de peaje Toluca-Ixtapan de la Sal-Tejupilco se implemente un comité o contraloría de vigilancia y seguimiento regional para evitar la discrecionalidad en el manejo de los recursos.
Lo anterior, como parte del análisis de la propuesta presentada por el gobernador Alfredo del Mazo Maza, con la que se pretende rehabilitar mil 637.8 kilómetros carreteros y para lo cual se busca obtener recursos por 13 mil 629 millones de pesos, en cuya discusión los diputados de Morena manifestaron su desconfianza ante la falta de trasparencia, opacidad y falta de información que ha caracterizado a los proyectos bajo la modalidad de inversión denominada de Asociación Público Privada (APP).
Respecto al proyecto que sugiere la rehabilitación y mantenimiento de 82 caminos, que abarcan 45 municipios, y que podrá pagarse hasta en un plazo de 12 años, considerando 24 meses para el periodo de inversión y 10 años para el periodo de mantenimiento, la diputada Araceli Casasola Salazar, de la bancada del PRD, cuestionó el que hubiera subejercicios en años anteriores y esos recursos no se hayan destinado a esta obra, en tanto que la diputada María Luisa Mondragón, del PVEM, preguntó sobre el impacto ambiental del proyecto, y los diputados independientes, sobre obras similares en otras zonas y alterativas a la modalidad de APP.
Con la presencia de funcionarios estatales encabezados por el secretario de Comunicaciones del gobierno estatal, Luis Gilberto Limón Chávez, la diputada Beatriz García Villegas destacó la importancia de que las empresas licitantes no estén ligadas a actos de corrupción, y que los estándares de desempeño a los que deben de apegarse sean los que marcan las normas oficiales de construcción nacionales e internacionales y no los de la propia empresa. Propuso, además, la existencia de un comité de vigilancia y seguimiento regional de los caminos del sur, del que sean parte la ciudadanía y especialistas.
Por su parte, el diputado Max Agustín Correa Hernández (morena) sugirió una contraloría de información de la asociación público-privada con la participación del Poder Legislativo y de los municipios para evitar discrecionalidad en el proyecto; cuestionó cuál sería la inversión en el rubro en otras partes del estado y si el proyecto en los caminos del sur incluye ampliación de carriles; además, solicitó a los funcionarios un programa piloto para realizar vialidades con los integrantes de las comunidades.
El legislador Mario Gabriel Gutiérrez Cureño, también de Morena, aseguró que hace falta la rehabilitación de estos caminos, pues 55% de la gente que vive en esta zona se encuentra en situación de pobreza y 10% en extrema pobreza, sumando a ello que los grupos de la delincuencia aprovechan esta situación para realizar sus actividades.
