IMPULSO/ Jorge A. Chávez Presa
El nuevo libro “Hacia una economía moral” es una lectura obligada, al menos para quienes escribimos. ¿Por qué? Porque el autor es nada más y nada menos que el Presidente de México, quien al arrasar con el Movimiento de Regeneración Nacional en las elecciones pasadas de 2018, tiene el poder para hacer profundas transformaciones.
Entre éstas destaca para empezar el cambio de régimen, lo que implica introducir nuevas reglas de juego escritas y no escritas con nuevos actores, y una distribución diferente en los pesos y contrapesos. También como parte de un cambio de régimen está la introducción de un nuevo paradigma económico que, al estarse definiendo, causa incertidumbre. La consecuencia inmediata es el freno a la inversión privada que necesita entender si lo que está por definir aumentará la demanda de bienes que produce o servicios que presta, y evaluar el impacto en sus costos, entre muchas otras variables.
Para leerlo y comentarlo me he puesto los lentes con los que pueda identificar cuál es el papel del Estado en la economía moral que visualiza Andrés Manuel López Obrador, y vislumbrar si el Estado de bienestar propuesto dispondrá de los recursos y capacidades para poderlo materializar. En este primer año de gobierno se empezó con una drástica reasignación del gasto público federal. Para el futuro inmediato será necesario, pese al combate a la corrupción, encontrar nuevas fuentes de ingresos públicos diferentes a un endeudamiento que incremente el cociente actual de deuda a PIB. Persistirá la pregunta: ¿de cuánto será el aumento de impuestos, qué base se va a gravar?
El nuevo paradigma plantea lo siguiente: “…el Estado no es gestor de oportunidades,… es y será garante de derechos. … los derechos…, son inmanentes a la persona, irrenunciables, universales y de cumplimiento obligatorio.” El objetivo es tener una sociedad, sin pobreza y sin desigualdad. Ve como imperativo ético lograr la justicia para lograr la garantía de seguridad, tranquilidad y paz social. Introduce a la fraternidad para garantizar la gobernabilidad, el Estado de Derecho y la armonía social. Ve al Estado como el responsable de “atemperar las desigualdades sociales” y “dejar de utilizar al Estado para defender intereses particulares…”. En breve, el Estado no podrá ser utilizado para cargar al erario pérdidas y pasivos generados por las actividades de los particulares.
Como jefe de gobierno del DF introdujo una transformación importante en la política de gasto público. Dos fueron los efectos. Esto afectó la composición del gasto público, las transferencias empezaron a crecer a costa del gasto de operación para la prestación de servicios públicos. Segundo, en lugar de dirigir el subsidio (“focalizar”) a una población objetivo, que requería reglas de operación, el apoyo a adultos mayores se hizo de manera generalizada, aun cuando el adulto mayor recibiera pensión del IMSS o del ISSSTE. Tampoco se condicionaba a años de residencia en el DF, o si pagó predial. Si el éxito se mide por el número de los que te copian, este programa fue seguido paulatinamente por todas las entidades federativas, muchos municipios, y el mismísimo gobierno federal en la administración del presidente Calderón.
El autor de este trabajo es el político que más conoce al país; es de quien más tiempo ha pasado con población que padece pobreza, marginación y exclusión. El reto que le impone a sus colaboradores es inmenso: conciliar la economía moral con la economía de mercado. Para ello las nuevas intervenciones del Estado como los apoyos directos tendrán que mostrar que son más eficientes y eficaces que las transferencias condicionadas y la prestación de servicios públicos. La tarea de coordinación será muy complicada, así como alinear incentivos.
Twitter: @jchavezpresa
