IMPULSO/ Agencia SUN
Jurista y profesora universitaria de derecho constitucional, la vicepresidenta Carmen Calvo se ha convertido en la ministra más prominente del gobierno español.
La celebración de elecciones generales, los disturbios que sacuden a Cataluña tras las largas condenas a políticos independentistas y la polémica exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, junto al frenazo económico, hacen que el Ejecutivo socialista esté más que nunca sometido al escrutinio popular y amenazan con desbordar la agenda de quien es considerada la mano derecha del presidente en funciones.
En su despacho del Palacio de La Moncloa, la vicepresidenta reconoce en entrevista con EL UNIVERSAL el calado de los desafíos que enfrentan las máximas autoridades españolas, entre ellos el proceso separatista en Cataluña.
Nuevas elecciones generales, violencia y marchas en Cataluña tras las largas condenas a políticos independentistas, la exhumación de los restos de Franco y la desaceleración económica. ¿No son demasiados frentes abiertos para un gobierno?
— Nadie elige la realidad que tiene que gobernar. Hemos sido impulsores de sacar a Franco del Valle de los Caídos porque era una anomalía tremenda de la democracia tener al dictador enaltecido. Pero no conectaría la situación de la economía con la situación política, porque somos la economía que va a crecer más en Europa. En cuanto a la sentencia (a los políticos independentistas) es una herencia del gobierno anterior. Nosotros [los socialistas] somos simplemente los herederos de una situación muy compleja.
La crisis de Cataluña lejos de solucionarse, parece que se está profundizando todavía más. En este escenario pareciera que el gobierno español está desbordado por los acontecimientos…
— No hemos estado desbordados en ningún momento. Este gobierno ha conseguido mantener el orden público en Cataluña sin necesidad de tomar ninguna medida excepcional, sin que haya habido una sola situación de gravedad. Veo países como Francia o Chile donde, desgraciadamente, han tenido que afrontar situaciones muy trágicas.
El gobierno catalán y los partidos independentistas están desafiando una y otra vez al gobierno central con sus reclamos de autodeterminación, mientras la derecha española pide más contundencia para frenar el movimiento separatista. ¿Cómo está parado el gobierno socialista?
— No existe el derecho a romper las reglas del juego común. Cataluña votó la actual Constitución [española], por tanto las leyes en Cataluña son leyes democráticas que han querido los catalanes y no las pueden romper unilateralmente. La posición del gobierno [español] es el mantenimiento de la Constitución, jurídicamente y políticamente.
¿Cuáles son las fórmulas que maneja el gobierno socialista para desactivar un conflicto que ha fracturado a la sociedad catalana y que está afectando la imagen de España en el exterior?
— Para empezar que [los independentistas] abandonen la violencia que han iniciado. De quien dependa esa violencia minoritaria tiene que saber que con violencia no se hace política. Es evidente que nadie va a romper unilateralmente este país, ese es el cumplimiento de la ley.
El gobierno catalán abrió hace poco una embajada en México que, según las autoridades españolas, sirve sobre todo para hacer propaganda del movimiento independentista en el exterior. ¿Baraja el gobierno socialista cerrar este tipo de delegaciones luego de la sentencia del Tribunal Constitucional que suspendió cautelarmente el Plan de Acción Exterior de Cataluña?
— Cuando la sentencia del Constitucional sea firme, la acataremos y ejecutaremos. Cuando ocurra, a este gobierno no le temblará la mano para cerrar espacios donde se está haciendo lo que la Constitución impide que se haga. Las autonomías españolas no tienen ningún derecho a tener política exterior… Pueden tener delegaciones para hacer labores de promoción comercial o turística.
¿Cuáles serán los principales ejes del gobierno socialista en el caso de poder formar gobierno?
— Pues un equilibrio necesario entre el crecimiento de la economía española con reparto y redistribución a través de las políticas sociales. Hay que hacer una reforma laboral que devuelva a los trabajadores, que son los que han pagado la crisis, derechos y mejoras. Hay que seguir avanzando en la igualdad entre hombres y mujeres y hay que afrontar algunas reformas estructurales de nuestra transición ecológica…
¿Cuál es el estado de la relación entre España y México y cómo observa el gobierno español los episodios de violencia, vinculados al narcotráfico, que están teniendo lugar en México?
— Para nosotros México es un socio preferente. Lo es no sólo por la importante presencia de empresas españolas en México o porque sea un mercado extraordinario, sino sobre todo por las relaciones culturales comunes. Por parte de España hay una entrega absoluta a la relación con México y a mejorarla cuanto sea posible. Queremos también ser un socio valedor de México en Europa.
Para nosotros México tiene un punto mítico y nos inquieta mucho que haya cuestiones en las que la propia democracia mexicana tiene que reaccionar… No es un país cualquiera para España y por eso estamos siempre cercanos, próximos y atentos. No llevamos a nuestro rey [Felipe VI] a ninguna toma de posesión, salvo a la de México.