IMPULSO/ Gabriel Moyssen
Fue una tarde de jueves de sorpresa, violencia, miedo, mentiras y desinformación.
Después de que Ovidio Guzmán López, hijo del fundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue atrapado por autoridades en Culiacán, sicarios tomaron como rehén la ciudad entera, al bloquear caminos con autos incendiados mientras cercaban la casa donde el narcotraficante era retenido, hasta que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) decidió liberarlo con objeto de evitar un baño de sangre.
La operación para capturar a Ovidio—supuestamente por una solicitud de extradición presentada por la Administración Antidrogas (DEA) de Estados Unidos—resultó mal planeada desde el inicio. Las unidades del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la fiscalía federal involucradas fueron detectadas por la amplia red de espías e informantes del Cártel de Sinaloa; en contraste con acciones similares de alto nivel, carecieron de apoyo aéreo y no se intentó trasladar de inmediato a Ovidio a la Ciudad de México.
Más de 200 sicarios fuertemente armados con ametralladoras calibre 50 montadas en camiones blindados, así como fusiles de asalto y de francotirador, descendieron de la población de Badiraguato—cuna de “El Chapo”—en la sierra al norte y de Navolato al oeste, para rodear rápidamente el lujoso y céntrico fraccionamiento de Tres Ríos, donde Ovidio fue detenido con otras tres personas, incluido probablemente su hermano mayor Iván.
En paralelo, 51 presos—entre ellos homicidas y secuestradores—escaparon del penal estatal de Aguaruto y comenzaron a robar vehículos de civiles, para reforzar 19 bloqueos en todo Culiacán.
Durante las siguientes horas, en medio de una ola de rumores sobre las amenazas de desatar una matanza en las unidades habitacionales de funcionarios públicos, una extraordinaria negociación secreta tuvo lugar entre líderes del cártel y autoridades federales.
El reporte inicial de Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, recalcando que los oficiales arrestaron a Ovidio por una mera coincidencia, pronto fue reemplazado por el asombroso anuncio de que se liberó al “Chapito” a fin de salvaguardar la “integridad y tranquilidad” de Culiacán, una ciudad con cerca de un millón de habitantes.
Una semana después, hay más preguntas que respuestas en torno a los hechos, dada la insistencia de AMLO en defender su decisión de evitar un “exterminio” y llamar “fascistoides” a los críticos. Repetidamente ha negado que el gobierno fuera humillado por criminales, subrayando su prioridad de preservar las vidas y los derechos humanos, ignorados en las administraciones pasadas.
En respuesta a la oposición derechista en el Congreso, AMLO destacó que “la vida humana está por encima de las leyes”, aunque las fuerzas de seguridad tratarán de detener a Ovidio otra vez “si hay una orden de aprehensión” y sin “daños colaterales” que pongan en riesgo a la población civil.
Sin información.
Pese a comentarios recientes en los que declaró que los mandatarios mexicanos “saben todo lo que ocurre en el país”, dijo que no fue informado previamente de la operación en Culiacán.
Para ser justos, las políticas erráticas y contradictorias de AMLO aportan una clara evidencia del poder e impunidad disfrutado por el crimen organizado en los últimos 30 años al menos, lo mismo que la inutilidad de la ayuda de Estados Unidos mediante la Iniciativa Mérida, establecida en 2007.
En 2015, EL UNIVERSAL reportó que Nemesio “El Mencho” Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue liberado tras su captura tres años antes, debido a la violenta reacción de pistoleros que bloquearon 22 vías en Guadalajara y otras áreas de Jalisco.
En 2010, una extensa investigación de NPR News “encontró pruebas fehacientes de colusión entre elementos del Ejército Mexicano y el Cártel de Sinaloa” en Ciudad Juárez, en la frontera entre México y Estados Unidos.
La investigación también sugirió que la organización delictiva, que ejerce influencia en las costas norte y central del Pacífico mexicano, así como en Nuevo León, Sonora y Quintana Roo, dependía del soborno para altos funcionarios con el objetivo de ayudar a sus líderes a eludir la detención y mantener fuera de la cárcel a sus operativos.
“El análisis mostró que la mano dura del gobierno mexicano no ha golpeado a los sinaloenses tan duro como a otros carteles”, afirmó NPR News; un ex agente estadounidense de contrainteligencia agregó que la administración del entonces presidente Felipe Calderón “podría estar favoreciendo a los sinaloenses, pero si es verdad puede ser una estrategia policiaca normal, para atacar a los sindicatos del crimen organizado”.
Joaquín “El Chapo” Guzmán (62 años de edad) purga actualmente una sentencia de cadena perpetua más 30 años en la prisión federal “supermax” conocida como el “Alcatraz de las Rocallosas” cerca de Florence, en Colorado, Estados Unidos. Algunos expertos creen que el Cártel de Sinaloa hoy es encabezado por sus hijos Alfredo (36), Iván (36) y Ovidio (28), con el respaldo del veterano Ismael “El Mayo” Zambada (71), clasificado por la DEA como el más poderoso y perdurable capo de las drogas en México.
Entre tanto, la gente en Culiacán regresa a la normalidad, luego de la “guerra” que dejó 8 muertos, 14 heridos y daños millonarios. “No sabemos qué pasará, el presidente no ha dicho qué es lo que sigue; hay un ambiente enrarecido, confuso”, aseguró la periodista sinaloense Gabriela Soto.
Dijo a EL UNIVERSAL in English que el Cártel de Sinaloa es el “gran perdedor” de esta historia, ya que su imagen pública resultó afectada. “No habíamos visto esto antes, la gente comprende ahora que no es como lo pintan. Hay cuestionamientos de la sociedad”, enfatizó.
Sin embargo, Soto reconoció que Culiacán “está dividida entre grupos que idolatran al cártel y la narcocultura, y otro 50% que lo rechaza, pero está acostumbrado a vivir con esto”.
Como otros periodistas y expertos en el tema, todavía está sorprendida por los costosos errores y la insólita falta de información del gobierno respecto a la logística, número de efectivos y poder de fuego de los narcotraficantes, tomando en cuenta que las “operaciones quirúrgicas” lanzadas para detener en Sinaloa a María Alejandrina Salazar (2005) y Griselda López (2010), ex esposas de “El Chapo”, fueron consideradas un éxito sin pérdida de vidas.
