IMPULSO/ José González Morfín
Apenas la semana pasada, fuimos testigos de la caída, tantas veces anunciada y durante muchos años esperada, de uno de los líderes sindicales más polémicos de México, Carlos Romero Deschamps, quien durante los últimos 26 años encabezó el sindicato de Pemex, uno de los sindicatos más poderosos de nuestro país, siempre rodeado de escándalos y graves señalamientos de corrupción.
Se nos ha informado por parte del Gobierno, que existen en su contra una serie de denuncias que está investigando la Fiscalía General de la República. También ha sido reconocido por las autoridades, que fue informado de ellas por la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lo que motivó su separación del cargo. Se ha especulado que existen presiones de legisladores norteamericanos que quieren ver señales de que las reformas a leyes laborales que se hicieron en nuestro país, obligadas por la inclusión de un capítulo laboral en el nuevo tratado de libre comercio que firmaron México, Canadá y Estados Unidos (T-MEC), se van a hacer efectivas y no van a quedar en letra muerta.
Más allá de lo que suceda con las demandas en contra de Romero Deschamps, lo realmente importante y lo que sería deseable, es que estuviéramos viendo el inicio de un esfuerzo del gobierno en torno a la democratización de los sindicatos en nuestro país y que no se tratara simplemente de un caso aislado cuyo propósito es generar simpatías y rentabilidad electoral.
No es la primera vez que el gobierno en turno manda mensajes de que va en serio la decisión de democratizar las prácticas al interior de los sindicatos; y, aunque existe un gran consenso en que la ley garantiza (o debiera garantizar) que los trabajadores puedan elegir a sus dirigentes de manera democrática directa y secreta, hasta la fecha, muy poco se ha podido avanzar. Casos como el de Romero Deschamps abundan en nuestro país. Los líderes sindicales se eternizan en el cargo ante la complacencia de las autoridades.
Otro gran tema al que el gobierno debería dar la máxima prioridad, es el de la transparencia en la administración de los recursos ejercidos por las organizaciones sindicales, que provienen de las cuotas que aporta cada trabajador; la opacidad con que se manejan los líderes sindicales es una vergüenza para México. Las autoridades deben cumplir con su obligación de garantizar a los trabajadores que sus dirigentes sindicales rindan cuentas de manera clara y transparente del uso que dan a las cuotas que aportan y que el patrimonio sindical se utilice en beneficio de todos los trabajadores.
La vida sindical en nuestro país se ha caracterizado por ser un enigma para propios y extraños. El control de los líderes sindicales sobre sus agremiados es implacable. Terminar con el abuso de los trabajadores por parte de sus líderes sindicales, debería ser prioridad para el actual gobierno. México requiere de un sindicalismo que acompañe a la sociedad en su proceso de desarrollo. A quienes por conveniencia se rasgan las vestiduras por la “autonomía sindical” habrá que demostrarles que la idea de sindicatos transparentes no está peleada con la idea de sindicatos fuertes, siempre que los esfuerzos de las organizaciones estén encaminadas a defender los derechos de sus agremiados.
Qué importante resulta para México el que en la renegociación del tratado de libre comercio se incluyera el tema laboral. El capítulo laboral del T-MEC, representa una gran oportunidad para poner punto final a uno de los capítulos más penosos en nuestra vida laboral: la eternización en los cargos de los líderes sindicales, la nula transparencia en el manejo de los recursos económicos y el enriquecimiento desmedido de los líderes a costa de sus agremiados. Esperemos que lo que sucedió con el líder sindical de Pemex, no sea flor de un día.
Twitter: @jglezmorfin
